¿Siguió la barbarie o se creó un Estado Social de Derecho?

Veinte años después, todavía se discuten los alcances de los cambios alcanzados por el proceso constituyente.

La Constitución que hoy nos rige se debe, en buena parte, a la iniciativa del exguerrillero Carlos Pizarro. En diciembre de 1989, después de casi un año de negociación con el Gobierno Nacional, de concertación de reformas con el país real y de elaboración de acuerdos con el país político, el Congreso de ese entonces fue incapaz de sacar adelante el acuerdo pactado con el M-19 en las Mesas de Análisis y Concertación, ya validado por el Ejecutivo y por los partidos políticos.

Esa incapacidad para cumplirle al pacto político significaba la muerte de la naciente esperanza de paz y el triunfo definitivo de las fuerzas oscuras que viven en las cavernas de la violencia perpetua. Fue entonces cuando Pizarro lanzó la iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente. Así lo manifestó mediante comunicado público, el 14 de diciembre de 1989 y lo reiteró en el nuevo compromiso firmado el 31 de enero de 1990 con los precandidatos liberales a la Presidencia de la República.

Desmovilizado el M-19 en marzo de 1990, asesinado Pizarro por las fuerzas oscuras en abril del mismo año, electo un mes después el liberal César Gaviria como presidente, éste convocó —mediante el decreto 1926 de agosto de 1990— a una Asamblea Constitucional limitada en sus poderes. Fue la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 9 de octubre, quien abrió las puertas a una Asamblea Constituyente con plenos poderes para reformar la Constitución y construir la paz nacional. Los valientes ponentes de esta sentencia fueron los magistrados Fabio Morón Díaz y Hernando Gómez Otálora, quienes declararon inexequibles  algunas cláusulas que limitaban indebidamente al constituyente primario.

Veinte años después de promulgada la Constitución Política de Colombia todavía se discuten los alcances de los cambios que trajo el proceso constituyente. En un insólito homenaje a los constituyentes del 91 por parte de la Presidencia de la Cámara de Representantes, celebrado en el Salón Elíptico del Congreso el pasado viernes 17 de junio, los oradores decidieron romper el protocolo y la formalidad para hablar desde el corazón, vale decir desde los sentimientos encontrados que siempre ha suscitado el acontecimiento más importante y creador del siglo pasado.

Al vicepresidente de la corporación, representante Germán Navas, le correspondió llevar la vocería de la Cámara. En su discurso manifestó su decepción por la incapacidad que tuvo la Constitución de cambiar la condición de los colombianos. En contraste con este mensaje pesimista, Horacio Serpa —quien fue uno de los tres presidentes de la Constituyente— rindió un sentido homenaje a la labor realizada, mediante un revelador e inédito testimonio. “Yo soy una persona que he estado en casi todos los cargos posibles que brinda el Estado colombiano y, nunca, nunca, me había sentido más útil, más responsable y más comprometido con la patria que cuando fui constituyente en el año 1991”.

Lorenzo Muelas, uno de los indígenas que formó parte de la Asamblea Constituyente, subrayó en su intervención que la democracia planteada en la Carta Política estaba muy por encima de la cultura democrática de la actual clase política: “¿Demócratas los actuales congresistas? Este título les queda todavía muy grande a los políticos colombianos”.

Finalizado el evento, quedaron las preguntas en el ambiente: ¿Valió la pena el abandono de las armas por parte del M-19? ¿Valió la pena el sacrificio de Pizarro? ¿Valió la pena el fallo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Valió la pena el esfuerzo de los estudiantes por la inclusión de una séptima papeleta en marzo de 1990 para abrirle las puertas al cambio de régimen? ¿Valió la pena derogar la Constitución de 1886, el estado de sitio permanente, el Estado confesional, la supremacía del Estado sobre el pueblo, el desconocimiento de la diversidad poblacional y regional? ¿Valió la pena elevar a categoría constitucional a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento? ¿Valió la pena proclamar un Estado Social de Derecho?

Buena parte de los colombianos pensamos que sí valió la pena. Pero no podemos desconocer las voces del escepticismo —no siempre reaccionario— de quienes piensan que se trató de un experimento fallido, que los colombianos, por algún designio sobrenatural, estamos condenados a llevar a cuestas para siempre la cruz de la barbarie, de la corrupción y de la intolerancia. La pregunta crucial entonces se condensa en un solo interrogante, si el proceso constitucional creó una cultura política democrática entre los colombianos, o si nos mantenemos en el oscurantismo medieval de la Constitución de Núñez.

Desde la administración distrital y, más concretamente, desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con el ánimo de contribuir a dilucidar este interrogante, la Encuesta Bienal de Culturas que cada dos años aplica el Observatorio de Culturas en el área residencial urbana de Bogotá a mayores de 13 años, incluyó este año un módulo de cultura democrática. A través de sus resultados podremos tener un estado del arte de la cultura democrática en la capital y, más específicamente, del impacto cultural de la Constitución de 1991.

Su aplicación en todo el territorio nacional nos daría un interesante panorama de los desarrollos democráticos en el alma diversa, contradictoria y desigual de los colombianos. También, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte decidió compilar y publicar los análisis realizados con los dineros públicos sobre cultura política que han hecho algunos expertos, a partir de las encuestas de cultura aplicadas desde de 1997 en Bogotá. Este autoexamen cultural es necesario. Sobre todo, es la mejor manera de saber si a los 20 años de proclamada la Constitución de 1991, los residentes en Bogotá tenemos motivos de celebración o de preocupación. O de ambos.

 * Constituyente de 1991. Actual director del Observatorio de Culturas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.