¿Teflón de larga duración?

Diego Palacios, Armando Benedetti y Alberto Velásquez rendirán indagatoria en la investigación de la ‘yidispolítica’ que cursa en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en contra del expresidente Álvaro Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue siendo el centro de la política nacional. Los ‘Talleres Democráticos’ que adelanta  por varias regiones del país y su cuenta de twitter lo mantienen como un personaje vigente en la escena pública, a pesar de haber salido de la Casa de Nariño. Sin embargo, los récords del presidente más prestigioso de los últimos años no son sólo positivos. También se han empezado a mover los procesos en su contra, los cuales, mientras fue el Jefe del Estado, estuvieron sedados en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Hoy, el representante investigador de la ‘yidispolítica’, Hernán Penagos, emitió un comunicado informando el estado del proceso que apunta a la responsabilidad del exmandatario en la entrega de dádivas a cambio de la votación del proyecto de acto legislativo que autorizaba el referendo reeleccionista, en 2004, tal y como lo ha denunciado la exrepresentante condenada por este caso, Yidis Medina. Penagos anunció que han sido llamados a declarar el hoy presidente del Congreso, senador Armando Benedetti, el exministro de Protección Social, Diego Palacios, y Alberto Velásquez, exsecretario de la Presidencia, quienes tendrán que rendir indagatoria en los próximos 15 días.

Según conoció El Espectador, el expresidente Uribe tiene el récord de procesos contra un exmandatario. En las carpetas que esta corporación alberga se ha detallado el curso de 242 procesos contra el Uribe, poniéndolo en el podio de los investigados. Algunas de las pesquisas más sonadas contra éste son precisamente la de la ‘yidispolítica’, pero además están las ‘chuzadas’ del DAS, por las que ya fueron sancionados por la Procuraduría Bernardo Moreno, exsecretario general de la Casa de Nariño, y María del Pilar Hurtado, antigua del DAS.

Este diario conoció que uno de los procesos que al parecer llevaría a Uribe ante los estrados judiciales es uno que lo involucra en la firma, supuestamente irregular, de un contrato contra una Convivir en 1997, cuando Uribe era Gobernador de Antioquia. El expediente fue trasladado a la Fiscalía General el pasado jueves. El contrato fue suscrito por el entonces gobernador Uribe en agosto de ese año con la empresa Grupo de Operaciones Técnicas, la cual tenía por objeto la vigilancia de los municipios de Santa Fe de Antioquia, La Pintada y Caucasia, en donde se cree operaba una poderosa banda de contrabandista de cigarrillos y licores. El costo de los servicio era de $27 millones mensuales, pero la misma Secretaría General de la Gobernación, el 30 de octubre de 1997, advirtió que la empresa contratada no cumplía los requisitos legales exigidos. El lío es que Uribe prorrogó por un año más dicho convenio.

En el proceso penal también se incluye un apartado en el que se sostiene que algunos de los hombres que trabajaban en la empresa de seguridad encargada de la vigilancia del occidente antioqueño eran agentes de inteligencia de la IV Brigada del Ejército, quienes aseguraron que los miembros de la cooperativa contratista tenían antecedentes por homicidio, robo, suplantación de autoridad y asalto a mano armada.

Por ahora, el teflón del expresidente ha funcionado, pues aunque algunos de sus más cercanos colaboradores durante su mandato se han visto involucrados en procesos penales, él sigue registrando una alta favorabilidad en las encuestas e incluso en dichos sondeos aparece como el preferido por la opinión bogotana en caso de aspirar a la Alcaldía en las elecciones de octubre próximo.

Aún así, son muchos los procesos  que Uribe tendrá que enfrentar en el futuro. Y en las semanas siguientes veremos pasar a dos de sus grandes defensores –Benedetti y Palacios- ante la Comisión de Acusaciones a rendir indagatoria por uno de los procesos que más dolores de cabeza le han causado en los últimos años: el ofrecimiento de prebendas, incluyendo notarías, a cambio de votos para asegurar su reelección en 2006.

Temas relacionados