¿Cómo hacer para que el mandato anticorrupción no quede en el aire?

hace 1 hora

¿Un 'mico' reincidente?

El articulado del Plan Nacional de Desarrollo plantea la entrega de terrenos baldíos del Estado a grandes empresas para su explotación. Una iniciativa similar ya había sido presentada por el exministro Andrés Felipe Arias y había sido declarada inexequible.

No paran de aparecer propuestas polémicas en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), incluso algunas que en el pasado ya habían sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Se trata de los artículos 45, 46 y 47, con los cuales se reforma la Ley 160 de 1994 —Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino— y, según dicen congresistas de la oposición, abren las puertas para que un particular pueda quedarse con tierras baldías del Estado en áreas de cualquier magnitud, por encima de la asignación al campesinado.

Ya en el Estatuto de Desarrollo Rural que se tramitó durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que fue impulsado por su entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se trató de incluir una iniciativa similar que finalmente no pasó el examen de la Corte. Se trataba de los artículos 90 y 91 de ese estatuto, en los que se planteó que “previos los estudios correspondientes, el Consejo Directivo del Incoder podrá delimitar áreas de baldíos que tendrán el carácter de zonas de desarrollo empresarial, en las cuales la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías se sujetará a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca el Instituto”.

Y agregaba en el artículo 91: “Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura como empresas especializadas del sector agrícola, pecuario, pesquero o forestal, podrán solicitar la adjudicación de terrenos baldíos en las zonas de desarrollo empresarial establecidas en el artículo, en las extensiones que al efecto determine el Consejo Directivo del Incoder”.

Además, el Estatuto de Desarrollo Rural del gobierno Uribe planteaba en uno de sus parágrafos que los tiempos de asignación de predios serían de cinco años, los cuales se podían renovar por dos años más y finalmente, si se cumplían las condiciones, se autorizaría “la venta del terreno baldío conforme al precio que señale el Consejo Directivo”.

La propuesta que incluye hoy el PND es curiosamente similar, pues plantea que “las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las zonas de desarrollo empresarial (…) en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del Incoder, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional”.

Sin embargo, el PND no hace claridad en el período de explotación de esos baldíos, pues señala el articulado que “el aprovechamiento se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades”.

Según el senador Jorge Enrique Robledo, “hasta hoy las leyes planteaban que las tierras baldías del Estado colombiano se transfieran a los campesinos. Lo que hacen estos artículos del PND es organizar las cosas para que se les entreguen a los ‘cacaos’ de la explotación agropecuaria y a las transnacionales en cualquier proporción. Llama la atención que esos tres artículos son los mismos que hizo aprobar el exministro Arias en el Estatuto de Desarrollo Rural y que posteriormente la Corte Constitucional declaró inexequibles”.

Robledo explicó que “estos tres artículos permitirán legalizar aglomeración de tierras baldías hasta concentrar grandes extensiones. En pocas palabras, es legalizar el modelo Carimagua, en el sentido de que las tierras del Estado se le daban a un gran hacendado con el cuento de que éste, a través de peones y semisiervos, va a generar trabajo y beneficios”.

El senador Gabriel Zapata, uno de los ponentes de la iniciativa, manifestó que el Plan Nacional de Desarrollo es un texto con más de 240 artículos y es normal que se presenten puntos de vista diferentes, pero “mi criterio es que estos son artículos originales del Gobierno y nosotros, luego de las explicaciones de los ministros y del director de Departamento Nacional de Planeación, Hernando José Gómez, estuvimos de acuerdo con el contenido. Es un voto de confianza que le dan los partidos de la Unidad Nacional al presidente Juan Manuel Santos para que pueda cumplir las metas que se trazó”.

Zapata manifestó que es probable que la Corte Constitucional tenga una visión diferente, como ya ha sucedido con la inexequibilidad de algunos decretos que fueron expedidos en el marco de la declaratoria de Emergencia Social y que posteriormente no contaron con la venia del alto tribunal. “Sin embargo, nosotros como congresistas apoyamos este plan, que ya entra en su segundo debate”, puntualizó.

Estos puntos de vista dejan de manifiesto una inquietud sobre la política de tierras del Gobierno, que aunque ha demostrado un compromiso con la restitución de predios por medio de la ley de víctimas, que está a un debate de ser aprobada y que ha generado un importante impacto en el ámbito internacional, al punto que es clave para destrabar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, también podría estar apuntando a la explotación por parte de grandes industrias tal como lo planteaba el exministro Andrés Felipe Arias durante el gobierno anterior.