¿Un narcoestado?

El asesinato del cantautor Facundo Cabral reavivó el debate sobre la inseguridad en Guatemala producto del narcotráfico.

“Guatemala repudia este cobarde hecho que enluta a toda Latinoamérica, en particular al noble pueblo argentino (…). Vamos a encontrar a estos criminales para hacer justicia”, aseguró el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, en la carta que le envió a su par argentina, Cristina Fernández, tras el asesinato del cantautor Facundo Cabral en suelo guatemalteco. Un hecho que, una vez más, volvió a demostrar la crítica situación de inseguridad por la que atraviesa Guatemala como consecuencia del auge del narcotráfico.

El propio Álvaro Colom asevera que parte de la culpa de que hoy la nación esté sumergida en una espiral de crimen vinculada con las drogas es de las administraciones que lo precedieron. “Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que los gobiernos anteriores planificaron la entrega del país al narco”, sostuvo en su momento en una entrevista con el diario El País de España.

La historia de la violencia y el narcotráfico en el país centroamericano no es nueva —durante los 36 años de la guerra civil, que terminó en 1996, Guatemala perdió 750.000 personas, entre muertos y desaparecidos—, pero la llegada en la última década de algunas organizaciones criminales mexicanas, como ‘Los Zetas’, y de pandillas criminales, como las maras salvadoreñas, ha profundizado el infierno. Mientras los narcos utilizan el territorio como escala, y a veces como bodega, en su intención de transportar droga desde Suramérica hacia Norteamérica, las maras se han dedicado a extorsionar diariamente a empresarios, comerciantes, choferes de autobuses e incluso a familias pobres para evitar ser asesinados.

El año pasado el número de muertos en el país llegó a 6.600, lo cual ha llevado a Guatemala a tener una de las mayores tasas de homicidios del planeta, en torno a 50 asesinatos anuales por cada 100.000 habitantes, lo que corresponde a seis veces más que la media mundial, según la ONU. Y si a eso se le suman los altos índices de impunidad, como consecuencia de la compra de jueces y fiscales por parte del crimen organizado, el panorama tiende a ser cada vez peor.

La crudeza de la situación ha llevado al presidente Colom, a la Organización de Estados Americanos y a la ONU a emprender diferentes acciones. En 2006, Naciones Unidas creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y hace apenas un mes la OEA organizó una Cumbre de Seguridad en donde se elaboró un plan de acción común para toda la región y Estados Unidos prometió aportar US$2.000 millones para combatir el crimen. Sin embargo, varios analistas advirtieron que la implementación del proyecto es inviable debido a que la mayoría de países centroamericanos tienen instituciones débiles, pocos recursos y elevada corrupción.

 

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