¿Zona franca para el crimen?

Investigación de la Secretaría de Gobierno y la Corporación Nuevo Arco Iris revela las prácticas ocultas de la central.Corabastos suministraría gran parte de los insumos para bandas criminales que operan en distintas regiones del país.

No todos los camiones que llegan a Corabastos traen alimentos. Muchos esconden, entre las frutas y verduras, armamento, drogas, licor y todo tipo de contrabando. Los medios y la comunidad ya lo han denunciado, lo preocupante es que sucede hace cerca de diez años y, a pesar de los múltiples operativos, no caen las células que están detrás de las actividades que convierten a Corabastos en una central para el delito.

Así lo confirma la investigación adelantada en los últimos 14 meses por la Secretaría de Gobierno y la Corporación Nuevo Arco Iris en el libro Mercados de la criminalidad en Bogotá, que será lanzado hoy en la Feria del Libro en Corferias. El Espectador y el Canal Caracol en alianza le siguieron la pista.

La actividad delincuencial no se reduce a las instalaciones de la central, por donde a diario transitan cerca de 200 mil personas y llegan 350.000 toneladas de alimentos al mes, sino que tiene impacto en barrios aledaños como El Amparo, Marantá, San Carlos y Patio Bonito, que registran los mayores índices de hurto y delitos en la localidad de Kennedy. También hay prostíbulos, habitantes de la calle, menores explotados sexual y laboralmente, así como recicladores que están asociados con el expendio de estupefacientes, pero no son el núcleo del problema.

La Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Agricultura y el Distrito tienen una participación accionaria del 48% en Corabastos. El resto corresponde a accionistas privados.

El estudio revela que en Corabastos, donde diariamente se mueven cerca de US$3 millones, el primer poder lo ejercen estructuras criminales que determinan todos los movimientos de ingreso y distribución del tráfico ilegal. Según algunos vendedores, aunque entre 2006 y 2009 se notó una mejoría en la seguridad, la situación se ha recrudecido en los últimos meses, cuando empezaron a operar en la central cerca de 17 estructuras delincuenciales. Las más identificadas son ‘Los Polochos’, ‘Los Primos’ y algunos que se hacen llamar autodefensas Bloque Capital.

Uno de los comerciantes del lugar, cuya identidad será reservada, asegura que estos grupos han aumentado los cobros extorsivos para los vendedores del lugar y que el valor de las vacunas varía. Mientras algunos de los más de 6.000 vendedores tienen que pagar vacunas de $300 mil, otros llegan a dar hasta $8 millones mensuales. Entre la medianoche y las 11:00 a.m. se enciende la actividad ilegal en los pasillos de Corabastos y en las calles que lo rodean. El alcalde local, Jesús Antonio Mateus, definió la central como una ‘república independiente’.

La Secretaría de Gobierno y la junta directiva de la central se han acercado a buscar soluciones conjuntas para mejorar la seguridad en Corabastos. Aunque en el lugar opera una empresa privada, el general Francisco Patiño, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que las autoridades apoyan las labores para mitigar la inseguridad. El Espectador intentó contactarse con la dirección de la central de abastos, pero no fue posible.

Entre los hallazgos de la investigación se evidencia que Corabastos es un núcleo a través del cual operan negocios y mercados ilícitos en Bogotá, también funciona como fachada para lavado de activos, como centro de suministro de provisiones para bandas criminales en distintas regiones del país (ver gráfico) y es el principal centro de llegada de las drogas que después se distribuyen en la capital. El libro habla, incluso, de la posible influencia del narcoparamilitar Daniel ‘El loco’ Barrera.

La olla del barrio El Amparo es una de las más grandes de la ciudad. Ésta suministra la mayor parte de la droga que se comercializa en el occidente de Bogotá. Según un reciclador, que pidió reservar su identidad, este es el barrio más peligroso de la localidad, donde además hay pandilleros que tienen las riendas del sector y la Policía lo sabe, pero no ha tomado ningún tipo de medidas contundentes. El alcalde de Kennedy, Jesús Antonio Mateus, señala que hoy es mayor la presencia de la Policía en El Amparo, que hace cinco años era territorio de las bandas.

El coronel José Baquero, comandante de la estación de Policía de Kennedy, dice que se hacen operativos continuos y que se han incautado armas y licor de contrabando. También se han identificado personas con antecedentes de sicariato.

Sin embargo, el mismo reciclador cuenta que en los operativos se detienen habitantes de la calle, recicladores y vendedores informales, pero se trataría de una cortina de humo: “La verdad es que hay pactos entre la Policía y los delincuentes”. Según él, llegan más de 200 uniformados con afán de dar resultado, detienen individuos que portan droga o armas blancas, pero no atacan las células de las organizaciones al margen de la ley. La Policía ha solicitado a la alcaldía local el cierre de establecimientos en el interior y alrededor de la central que incentivan la delincuencia.

La red de periodistas Reporteros de Colombia también viene adelantando investigaciones en la zona para llegar al núcleo de la problemática, que sigue soterrada por los rincones de la central.

“Allá llegan los bandidos a refugiarse, allá planean las cosas y las estructuras están cada vez más armadas. La institucionalidad no está haciendo nada y este es un problema que puede reventar”, advierte uno de los vendedores.

La hipótesis de las autoridades y la comunidad

El coronel José Baquero, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, está convencido de que sin los establecimientos de chatarrería, prostíbulos y chicherías donde se vende la bebida a menores alrededor de Corabastos, se mejoraría en un 60% la seguridad de la localidad.

Sin embargo, habitantes del sector afirman que no están de acuerdo con su versión. Sostienen que los operativos en estos lugares serían la fachada con la que los uniformados dan supuestos resultados y encubren las verdaderas cabezas de la actividad delincuencial.

El alcalde de la localidad de Kennedy, Jesús Antonio Mateus, propone cerrar definitivamente las puertas seis y siete de la central, por donde entran y salen los delincuentes para evadir los operativos de la policía y ocultar los artículos hurtados.

Para la secretaria de Gobierno, Olga Lucía Velásquez, no sólo es necesario  implementar un sistema de identificación dactilar y cámaras de seguridad en las instalaciones, sino además un sistema completo de carnetización para tener el control total de quienes operan en la central. Sin embargo, estas nuevas medidas dependen de la junta directiva de la central.