Única sentencia de Justicia y Paz

Los líderes de las Auc fueron procesados por la masacre de Mampuján en 2000 y los hechos delictivos ocurridos en la isla de Múcura en 2003.

La cuestionada eficacia de la Ley de Justicia y Paz de 2005, la norma que llevó a la desmovilización de paramilitares y que estaba basada en reparación y verdad para las víctimas, así como las condenas a los líderes de las Auc, parecen volver a ser un asunto a tratar después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena que impuso el Tribunal Superior de Bogotá a los excom andantes paramilitares: Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino y Úber Martínez, alias Juancho Dique. Un proceso que, hasta la fecha, es el único que ha visto su final dentro de la llamada Ley 975.

Diego Vecino y Juancho Dique, el primero comandante del bloque Montes de María y el segundo del frente canal del Dique, fueron condenados el 25 de enero de 2010 a ocho años de prisión —pena máxima según los preceptos de Justicia y Paz— por la masacre de once campesinos en la población de Mampuján el 11 y 12 de marzo de 2000, y por los hurtos y secuestros ocurridos en la Isla  Múcura el 19 de abril de 2003.

Así, a los sindicados se les encontró culpables de desplazamiento forzado de la población, el  asesinato de 11 campesinos, el secuestro de siete habitantes de la región, el saqueo de la zona, porte de prendas de uso privativo y porte de armas de las fuerzas armadas, así como concierto para delinquir. Dos hechos por los cuales la Fiscalía ha documentado entre 600 y 700 víctimas acreditadas.

El  proceso de Dique y Vecino, quienes mantuvieron estrechas relaciones con los también líderes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, comenzó con las versiones libres que rindieron entre 2007 y 2008. Diligencias en las que confesaron su responsabilidad tanto en la masacre de Mampuján como en los hechos delictivos de Múcura. Los condenados, también salpicaron a miembros de la Armada Nacional que colaboraban con las rutas de narcotráfico de las Auc, y militares de los batallones de Magdalena y Cartagena que les proporcionaban  municiones y uniformes.

Sin embargo, aunque Juancho Dique y Diego Vecino muestren una cara amable de Justicia y Paz, cabe recordar, como lo hizo el Tribunal Superior de Bogotá dentro de la sentencia condenatoria, que entre agosto de 2002 y agosto 31 de 2009 “se presentaron un gran total de 35,353 desmovilizados” de los cuales sólo dos han sido condenados. Adicionalmente, según cifras de la Policía y la Fiscalía, entre 10 y el 30% se han unido a nuevas bandas criminales.

También, es válido traer a coalición el reporte que en el momento de la condena entregó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que indicaba que sólo el bloque Montes de María  fue responsable de “42 masacres perpetradas entre 1996 y 2003 (...) 25 de ellas, acciones de tierra arrasada en las que destruyeron bienes civiles, realizaron actos de pillaje, infligieron torturas, cometieron violaciones sexuales y llevaron a cabo miles de desapariciones forzadas”. Y, sin embargo, las víctimas y el victimario sólo fueron tratados por los hechos ocurridos en Mampuján.

Hasta 2013 tienen el Gobierno y la justicia colombiana para presionar nuevos y mejores resultados dentro de la prometida Ley de Justicia y Paz. Después de eso, los términos vencidos de los procesos que actualmente se encuentran andando, podrán considerarse esfuerzos perdidos.