35 años de cárcel a general Arias por holocausto del Palacio de Justicia

El juez 51 Penal de Bogotá lo declaró culpable de la desaparición de once civiles.

El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales se convirtió en el oficial de más alto rango condenado por el Holocausto del Palacio de Justicia, luego de que la juez 51 Penal de Bogotá lo declarara culpable de la desaparición de los once civiles que se encontraban en la cafetería, una vez se inició la acción insurgente.

El general (r), quien para la época de los hechos comandaba la Brigada XIII del Ejército, era el jefe del Estado Mayor Conjunto que estuvo desplegando el operativo de retoma del máximo escenario de la justicia en Colombia, en el que irrumpieron violentamente guerrilleros del M-19, con la consigna de adelantar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancourt, por las fallidas negociaciones de paz que entonces adelantaban los rebeldes con la institucionalidad.

Tras el exitoso desenlace del operativo militar, los familiares de once personas que se encontraban en la cafetería denunciaron ante autoridades penales y disciplinarias que sus allegados no se encontraban reportados como retenidos, pero tampoco habían sido reseñados por organismos forenses como víctimas de la sangrienta toma.

Varios de ellos empezaron a recibir llamadas anónimas de supuestos integrantes de unidades de inteligencia del Ejército, que aseguraban que quienes se encontraban en la cafetería del Palacio habían sido trasladados a guarniciones castrenses, como sospechosos de participar en la toma guerrillera; allí, manifestaron algunos testigos, fueron torturados sistemáticamente hasta morir.

Meses después de los hechos, la Procuraduría recibió un casete en la que un supuesto integrante del B2 relataba la manera como los hoy desaparecidos fueron sometidos a innumerables vejámenes; sin embargo, solo 20 años después, tras el hallazgo de un video de la televisión española, donde varios familiares identificaron a sus seres queridos saliendo con vida, la Fiscalía General de la Nación ordenó la apertura de las investigaciones contra altos oficiales involucrados en la desaparición de este grupo de civiles.

Inicialemnte fue el exjuez Enrique Rodríguez, padre del administrador de la cafetería quien empezó a recopilar la información tendiente a establecer qué había sucedido con estas personas. Fue él quien recibió la grabación que ostentaba el Ministerio Público y que fue borrada, por fortuna para las víctimas, después de ser trasliterada.

Más adelante fue el abogado Eduardo Umaña quien lideró la búsqueda por los desaparecidos; por petición suya, la Fiscalía ordenó la exhumación de los cuerpos de las personas victimizadas en el holocausto  y que se encontraban sepultadas en una fosa común del Cementerio del Sur, desempolvando así el expediente, que ya había sido archivado por la justicia ordinaria y la militar.

Umaña fue asesinado en su oficina en 1998, mientras que Enrique Rodríguez falleció esperando la verdad, en noviembre de 2010, meses después de emitida la única sentencia que hasta hoy se había proferido por la ocurrencia de este crimen.

Frente al caso particular del general (r) Arias, la juez 51 Penal de Bogotá, Cristina Trejos, también ordenó investigar la desaparición del guerrillero Luis Otero, uno de los comandantes de la toma, debido a que su cadaver nunca fue identificado entre los cuerpos de las personas que perecieron en el luctuoso hecho.

Ante las declaraciones que intentaban desvirtuar la presencia de uno de los militares que dijo haber sido enterado de las vejaciones que sufrieron los civiles, también se ordenó investigar por fraude procesal a los exuniformados José Ignacio Posada Duarte, Gustavo Alonso Velásquez López, Ariel Guillermo Valdés Gil y Luis Armando Suárez Rodríguez.

La misma determinación cobija al abogado Pedro Capacho Pabón, quien como defensor del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega contactó a varios testigos que intentaban desmentir el traslado a la escena del crimen del entonces cabo Édgar Villamizar Espinel, testigo clave del caso.

Pese a que el comandante del Ejército de la época Rafael Samudio Molina había reconocido haber dado la orden de agregar tropas de la Séptima Brigada, que integraba Villamizar, el general (r) Posada y el exuniformado Velásquez intentaban demostrar que hombres de esa unidad castrense con sede en Villavicencio, Meta, nunca se habían desplazado hacia Bogotá para apoyar la operación de retoma.

Arias Cabrales, general de dos soles que también fungió como comandante de las Fuerzas Militares, fue llamado a indagatoria como presunto responsable del homicidio del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán y se encuentra privado de su libertad en el Cantón Norte.

Por la desparición de los 11 civiles de la cafetería también fue condenado a 30 años de prisión el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien comandaba la Escuela de Caballería, y cuya sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá.