Sin duda, un hito histórico en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas. Cinco años después, sin embargo, la materialización efectiva de la despenalización enfrenta múltiples parapetos: demoras en los trámites, objeción de conciencia irregular por parte de médicos e instituciones, desconocimiento de la legislación, exigencia de requisitos no previstos, entre otros. A esto se suman las trabas que desde el mismo Estado, o mejor, desde la Procuraduría —paradójicamente la entidad encargada de la garantía de los derechos humanos y la vigilancia del cumplimiento de las sentencias— se imponen. ¿La razón? Según el procurador Alejandro Ordóñez, porque el derecho internacional prohíbe el aborto, porque el derecho a la vida es absoluto, porque con sus sentencias la Corte pone en peligro a la sociedad y demás. Hasta la “píldora del día después” y el misoprostol han caído en la redada.
Esta semana, por fortuna, la Corte Constitucional le advirtió al procurador su obligación de cumplir la sentencia que ordena la promoción de campañas educativas sobre el aborto; unas que el funcionario, en lugar de acatar, ha decidido censurar. Al parecer porque, según él, las mujeres saldrían en bandada a interrumpir su embarazo. No obstante, la permisión, o no, de esta práctica, o mejor, del legítimo ejercicio del derecho de las mujeres sobre su cuerpo, poco afecta las estadísticas: si bien el Ministerio Público registró 649 abortos legales entre 2006 y 2009, los cerca de 300.000 abortos clandestinos que se practican en el país se mantienen constantes. Es decir, menos del 0,5% de los abortos anuales se realizan dentro de las garantías de salud y seguridad que puede ofrecer el Estado. No en vano las interrupciones mal practicadas del embarazo siguen siendo la tercera causa de mortalidad materna, sin mencionar las complicaciones y los dolores que significan para las mujeres que sobreviven.
Pero ni al procurador ni, al parecer, a los conservadores los desvela el bienestar de las mujeres. De hecho, para oscurecer aún más el panorama, esta semana se presentó en el Congreso, por autoría azul, una propuesta que busca reformar la Carta para declarar, en virtud de un país supuestamente católico, que la vida es inviolable “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Es decir, ni por malformación del feto, ni por violación, ni en caso de que corra peligro la vida de la madre se podría abortar. La iniciativa, de manera curiosa, iguala concepción con vida y, al tiempo, vida con persona. Podría cualquiera preguntarse, entonces, ¿qué pasa con la inseminación artificial? ¿Quedaría también prohibida? ¿Acaso no se desechan en su práctica múltiples óvulos fecundados?
Entre el ridículo panorama, para cerrar la semana, un estudio de la Presidencia reveló que el 51% de los embarazos son indeseados. El balance: la entidad encargada de la garantía de los derechos humanos rechazando las cátedras sobre los métodos de planificación y los derechos reproductivos de las mujeres, uno de los principales partidos políticos del país restringiéndolos aún más y, de manera simultánea, 300.000 abortos clandestinos y más de la mitad de los embarazos siendo indeseados. Qué vamos a hacer con el control de la natalidad y con las adolescentes en gestación es algo que tiene que discutir seriamente el país. Pero obligar a las mujeres a someter su cuerpo a la ilegalidad desconociendo sus derechos es plenamente un exabrupto. Hay que apostarle al acceso y a la educación. Y, mientras tanto, asegurarnos de no echar para atrás los tres pasos alcanzados.