Abren investigación a exdirectores del IDU por contratos de malla vial

La decisión de la Procuraduría incluye a Néstor Eugenio Ramírez y a Liliana Pardo, además de ocho exfuncionarios y exasesores externos.

Por irregularidades en contratos para el mantenimiento de la malla vial, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los ex directores del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez.

El Ministerio Público considera que hay un alto grado de certeza, acerca de la responsabilidad de los exfuncionarios en los incumplimientos que se han la ejecución de dos de esas obras.

Al parecer, no ejercieron la suficiente vigilancia, a fin de evitar que el contratista no respetara los plazos planteados para terminar su intervención en cada caso.

La decisión también cobija al ex director técnico y jurídico Inocencio Meléndez; la subdirectora  general Cooperativa Ana María Ospina Valencia; el subdirector técnico Luis Esteban Prada Bretón; el director técnico de Malla Vial   Luis Eduardo Acosta Medina; el subdirector técnico de Licitaciones y Concursos Luis Rafael Barrera Márquez; el profesional especializado Gr 5  Lucy Yaneth Sánchez; y los profesionales universitarios Gr3 William Fabián Calderón y Helda María Torres.

La apertura de este proceso se debe a un informe rendido por la Contraloría General de la República, que advierte la ocurrencia de irregularidades en los contratos 071 y 072 de 2008, celebrados por el IDU para la intervención de la malla vial en la capital colombiana.

Según el ente de control, estos dos convenios y el análisis de las pruebas que allí se contienen hicieron parte sustancial de las motivaciones que tuvo el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para sancionar con destitución e inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas a Miguel Ángel Moralesrussi, en su condición de contralor Distrital, y a Germán Olano, en su condición de congresista.

Pardo ya había sido vinculada penalmente al carrusel de corrupción que rodeó la contratación distrital, luego de que la Fiscalía la acusara formalmente de presuntos favorecimientos a los Nule durante la licitación de la Fase Tres de Transmilenio.

Aunque el ente investigador afirma que las concesiones especiales que recibieron los contratistas en el desarrollo de las obras llevaron a que la obra tuviera un sobrecosto de más de 104.000 millones de pesos, la Procuraduría decidió archivar la indagación que adelantaba en su contra por estos hechos y determinó este viernes que es posible atribuirle responsabilidad disciplinaria frente a los contratos de mantenimiento de la malla vial.