Acusan a coronel (r) Luis Gonzaga por tortura

La CIDH condenó al Estado colombiano por el caso, que había sido archivado por la Justicia. La víctima incluso fue agredida sexualmente

Por su presunta responsabilidad en la tortura de un civil, el coronel (r) de la Policía Luis Gonzaga Enciso Barón fue acusado formalmente, luego de que un fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmara la orden de captura que pesa en su contra por estos hechos.

Los acontecimientos materia de investigación ocurrieron el 24 de agosto de 1994, cuando el civil, Wilson Gutiérrez Soler, fue sometido a un sinnúmero de torturas por parte de un grupo de uniformados que lo detuvieron en la calle 63 con carrera 13 en Chapinero, al norte de la capital.

La víctima indicó que los agentes de la fuerza pública le causaron daños irreparables, pues llegaron a quemarle sus genitales y fue objeto de grotescas agresiones sexuales, que le generaron lesiones en el ano, entre otros vejámenes.

Según su relato, los castigos físicos que recibió por parte de agentes de la Unidad Antiextorsión y Antisecuestro, Unase, de la Policía iban a encaminados a que aceptara su responsabilidad en casos de extorsión de los que no tenía idea.

Aparentemente, esto lo llevó a permanecer durante seis meses detenido injustamente, pues fue tal la presión física y sicológica que se vio obligado a declararse responsable de los hechos, como integrante de una banda a la que nunca perteneció.

El Tribunal Superior Militar había ordenado el archivo del proceso, pero diez años más tarde, el 17 de septiembre de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación, tras percatarse de la falta de diligencia con la cual se adelantaron las indagaciones.

La decisión de la Sala Penal había estado precedida por la condena que sufrió la Nación a manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado colombiano había incurrido en una violación a la Convención Americana (de los DDHH).

El fiscal de segundo grado confirmó la determinación de primera instancia en la cual Gonzaga Enciso Barón había sido acusado de tortura y privación ilegal de la libertad, al tiempo que reiteró la imposición de media de aseguramiento en su contra.

El ente de control penal prolongó la vigencia de la orden de captura emitida en contra del exuniformado, quien se encuentra prófugo de la Justicia.