AIS y la justicia mediática

EL JUEZ 33 DE CONTROL DE GARANtías de Bogotá decidió este lunes privar de la libertad a cuatro exfuncionarios del Ministerio de Agricultura por su presunta responsabilidad en los delitos de celebración de contratos en el marco del programa Agro Ingreso Seguro sin el lleno de requisitos legales.

Juan Camilo Salazar, exviceministro de Agricultura —a quien se le añaden cargos de interés ilícito—; Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio y Financiamiento; Tulia Eugenia Méndez y Óskar August Schroeder, exjefes de la Oficina Jurídica, están hoy en prisión mientras se completa el juicio. La medida cautelar, sin embargo, parece exagerada: el escándalo de los créditos a grandes intereses y a cambio de favores políticos estalló hace más de un año, de forma que si los investigados hubieran querido salir del país o entorpecer el proceso, ya lo hubieran hecho. ¿Por qué tomarla si ni siquiera tienen antecedentes judiciales? Es más, ¿por qué negarle la retención domiciliaria a Tulia Eugenia Méndez, que es divorciada y tiene un menor y, por tanto, como cabeza de familia, la ley se la concede?

La motivación, no parece haber otra explicación, es mediática: se le quiere mostrar al país de que la justicia en el caso de AIS está por fin avanzando. La impresión, no obstante, es la contraria. Los cargos imputados a Camila Reyes del Toro son cuando menos extraños. Ella nunca hizo parte de comité administrativo alguno para seleccionar o calificar proyectos. Su revisión fue informal. Este no fue el caso de Tulia Eugenia Méndez y Óskar August Schroeder, exjefes de la Oficina Jurídica. Sin embargo, a los abogados no se les acusa de haber hecho algo indebido, sino de no haber previsto en las regulaciones legales suficientes mecanismos de blindaje para que los recursos no fueran desviados. Pero, ¿quién puede determinar tal cosa? La necesidad de ciertas medidas se conoce después de que se cometen los delitos; fallar en preverlos no es un crimen. El caso del exviceministro Salazar es más complicado, pues su firma aparece en varios documentos, pero incluso en su caso está por verse qué tanto se podrá demostrar la intención de dolo.

Algunos expertos sugieren que tal proceder de la Fiscalía, además de mediático —de un tiempo para acá los entes de control han adquirido un importante protagonismo político— va encaminado a que los acusados terminen declarando que su accionar estuvo de alguna manera ordenado por un superior. Y, en efecto, sí se espera que los responsables últimos de los desvíos de recursos públicos salgan a la luz y reciban las sanciones merecidas. Sin embargo, esto no se puede lograr por medio de presiones indebidas. Más que el cuestionado avance en la investigación de los escándalos de AIS, preocupan los límites morales que parecen haberse transgredido para ofrecer resultados. Es cierto, como lo dijo el juez 33 de control de garantías durante la pasada audiencia, que “Colombia está azotada por la corrupción”, y es cierto también que los escándalos de AIS le dolieron de forma muy especial al país, pero también es cierto que no todo vale en la aplicación de justicia. O en el mostrar que se aplica.

Es incorrecto confundir negligencia con errores aislados y, más aún, confundir los errores con corrupción. A tres de los acusados el juez no les aceptó cargos de peculado para la medida cautelar por falta de evidencia y es por peculado, no por fallas administrativas, que se debería poder terminar en la cárcel. Faltan dos sesiones más de imputación de cargos por parte de la Fiscalía, una este viernes y la otra el 29; habrá que esperar a ver si el proceso contra AIS toma forma. Mientras tanto, ojalá la justicia no permita que inocentes terminen pagando para satisfacer la ansiedad de la opinión pública o alguna que otra carrera política. No quedará una sola persona correcta en el país que se arriesgue a trabajar para el Estado si se siguen sentando malos precedentes como los que estamos presenciando.

 

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