Alerta electoral a los partidos

En 85 de los 1.100 municipios del país, el Gobierno mandó a hacer un trabajo de campo a la Corporación Nuevo Arco Iris con el fin de identificar los candidatos con problemas judiciales.

Ya lo advirtió el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras: el Gobierno conoce los casos de candidatos con presuntas inhabilidades que podrían terminar envueltos en procesos judiciales y se lo hará saber a los partidos políticos. Como quien dice, el Ejecutivo quiere curarse en salud para que, ante eventuales escándalos de los avalados en las elecciones regionales, las colectividades no puedan  lavarse las manos.

Luego de ver cómo en 2006 la parapolítica infiltró y se tomó el Congreso de la República por la vía electoral, el Gobierno se la jugó para evitar que esto vuelva a ocurrir y a la expedición de la Reforma Política de 2009 y a su reglamentación, que acaba de recibir luz verde de la Corte Constitucional, Vargas Lleras le ha querido adicionar algunas herramientas.

El Ministro cree que todo empieza por casa y, en consecuencia, los partidos se deben cuidar antes de entregar los avales. Lo que ocurre tradicionalmente es que una colectividad sólo se atreve a negar un aval a quien ha tenido condena ejecutoriada y, para saberlo, la manera más sencilla es pedir dicho reporte a la Procuraduría. El problema es que cuando se trata de un aspirante cuyo proceso apenas está en fase de investigación, no hay formalmente inhabilidad, pero sí pueden ser considerados candidatos “riesgosos”.

La situación para quienes se equivoquen en este sentido se complica con la entrada en vigencia de la reglamentación de la Reforma Política, pues se podrían aplicar las sanciones estipuladas a los partidos, dado que fueron advertidos acerca de esos personajes “riesgosos” por el Ministerio del Interior y de Justicia, luego de un trabajo de campo en 85 de los 1.100 municipios del país (ver infografía), que  hacen pensar que los grupos armados quieren tener incidencia.

 Así las cosas, cuando los partidos cuestionados por los avales entregados digan que la Procuraduría no les advirtió de ninguna irregularidad, habrá constancia de otra advertencia que acarrea riesgos que implican desde la pérdida de personería jurídica hasta la prohibición para postular en la siguiente elección en la circunscripción donde ocurra el problema.

Exactamente la ley estatuaria, dentro del régimen sancionatorio, dice que “se entiende por falta inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados antes de su inscripción o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos antes de su inscripción relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.

El parágrafo advierte que “los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente”.

Lo cierto es que la advertencia de Vargas Lleras no parece haber caído tan bien en algunos partidos y motivó la inmediata respuesta de algunos. Por ejemplo, el presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, le pidió al ministro menos anuncios de prensa y más acción por los canales institucionales. Aseguró que desde el 24 de junio de este año, el partido solicitó ayuda en la depuración de las listas de candidatos de la colectividad para las regionales y hasta el momento no ha habido respuesta del Mininterior.

Al cierre de esta edición, el director del Partido Liberal, Rafael Pardo, tampoco había recibido la anunciada lista de candidatos presuntamente inhabilitados, pero afirmó que es una noticia bienvenida para su colectividad y que quisiera conocer pronto el alcance de la advertencia del ministro. “Una campaña tiene una parte fundamental, que es el escrutinio público”, agregó.

Ante el anuncio del director del DAS, Felipe Muñoz, de que 414 candidatos para las regionales son investigados por delitos que van desde el hurto hasta narcotráfico,  el Partido Verde aseveró que el pasado 4 de mayo le informó a todos los aspirantes que dicho organismo de seguridad  brindará a los partidos la información sobre los antecedentes judiciales de las personas que soliciten el aval.

A la advertencia de Vargas se sumó el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, quien  propuso a los partidos hacer un pacto nacional para evitar que mediante los avales se vinculen con personas relacionadas con la ilegalidad. Habrá que ver si estas precauciones surten efecto.

Departamentos y muncipios donde el Gobierno estudió candidatos en riesgo de líos judiciales