Andrés Felipe Arias, recluido en el Cantón Norte

Por razones de seguridad el exministro de Agricultura no será enviado a la cárcel La Picota.

Ante la petición de la defensa de Andrés Felipe Arias, que alegaba motivos de seguridad, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá determinó que el exministro de Agricultura será recluido en las instalaciones militares del Cantón Norte y no en la cárcel La Picota como se había señalado durante la audiencia de imputación de cargos.

Según el despacho judicial, la decisión de cambiar el lugar de reclusión obedece a medidas de seguridad y ante la posibilidad de que se encuentre con otros de los implicados en el escándalo de Agro Ingreso Seguro que permanecen en ese centro penitenciario ubicado sur oriente de Bogotá.

Esta evaluación tuvo en cuenta además la denuncia de la Fiscalía de que supuestamente Arias habría pretendido persuadir a los demás implicados en las irregularidades para que ajustaran su versión de los hechos.

El martes un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ordenó el ingreso a prisión de Andrés Felipe Arias por su presunta responsabilidad en el otorgamiento de subsidios a acaudalados hacendados.

El magistrado Orlando Fierro acogió la petición de la fiscal general, Viviane Morales, quien pidió para el exministro la orden de detención y lo acusó de los delitos de "peculado por apropiación a favor de terceros y firma de contratos sin el lleno de requisitos".

Según Fierro, "la medida de aseguramiento es adecuada y necesaria", por lo que el despacho consideró que era procedente la detención del imputado, el más alto exfuncionario del expresidente Álvaro Uribe afectado por un escándalo de corrupción.

La fiscal general, además, endilgó al exministro conservador la utilización del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que manejaba su cartera, como plataforma política para su aspiración presidencial en las elecciones de 2010.

La detención de Arias "resulta necesaria", dijo Morales, quien añadió que "los representantes de las entidades públicas no están solo para firmar, sino que son responsables de las contrataciones".

Consideró, igualmente, que el acusado "es un peligro para la comunidad".

El magistrado Fierro hizo una lectura pública de su decisión tras desestimar algunos argumentos presentados por la defensa el pasado 22 de julio e impartió la orden de detención de quien fue titular de Agricultura durante seis de los ocho años de Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.

El pasado 19 de julio el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó de manera retroactiva e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos al mismo exministro Arias.

El Ministerio Público responsabilizó a Arias de intervenir en convenios especiales de cooperación científica y tecnológica con omisión de estudios previos, y aprobar convocatorias públicas de riego y drenaje sin contar con factores de evaluación precisos y claros.

Asimismo, de celebrar convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) prescindiendo de los procesos de licitación que ordena la ley.

La Procuraduría también lo responsabilizó de exceder los topes de gastos administrativos y de operación del programa gubernamental AIS, creado por el gabinete del propio Arias para preparar a productores rurales en riesgo por el tratado de libre comercio (TLC) de Colombia con Estados Unidos.

Sin embargo, una gran parte de los subsidios de AIS fue a manos de grandes hacendados de la costa norte, como las familias Dávila y Vives Lacouture, así como la reina de belleza Valerie Dominguez y familiares de altos cargos del Estado.

Además de Arias, el Ministerio Público sancionó a otros diez exfuncionarios con inhabilitaciones y destituciones de entre un mes y trece años.

Entre ellos se encuentran el extitular de Agricultura Andrés Fernández, sucesor de Arias, y el exviceministro Juan Camilo Salazar, sancionados por 11 años por exceder los topes de administración.

La decisión afectó también al exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Rodolfo Campo Soto, inhabilitado por 13 años por haber aprobado los términos de referencia de riego y drenaje y no haber realizado su revisión.

De resultar culpable de cargos, Arias tendría una pena de entre 4 y 15 años de prisión.