Anuncian apoyo a comunidad de Las Pavas en lucha por tierras

El caso ha sido estudiado por parte de la nueva administración del Incoder, bajo la dirección de Juan Manuel Ospina, con cuidadoso rigor jurídico, dice informe.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar ratificó su compromiso con la Política de Restitución de Tierras frente a la Comunidad de Las Pavas y alertó sobre nueva posible forma de disuación a líderes reclamantes de tierras.

El conflicto de tierras que se vive en el predio “Las Pavas” del municipio de El Peñón (Bolívar) se remonta al año 2006, en el cual la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), solicitó al Incoder, mediante una acción administrativa, la extinción del dominio del predio con miras a una expectativa de posterior adjudicación, dice el informe de prensa del ministerio de Agricultura.

Tras varios años de proceso administrativo, debido a reformas institucionales y desidia frente al asunto, finalmente este proceso termina en una decisión negativa a las pretensiones de la comunidad.

Desde la solicitud de extinción de dominio por la causal de no explotación económica del inmueble por parte del propietario hecha por ASOCAB (2006), transcurrieron más de dos años de parálisis del proceso y sólo hasta noviembre de 2008, la extinta UNAT profirió auto de inicio del mismo, indica el comunicado de prensa.

En este lapso de tiempo, ocurrieron dos hechos que obstaculizaron gravemente el proceso, en primer lugar, quien era propietario vendió a otro, y segundo, se dio el desplazamiento forzado de la población, tal como lo denuncia la asociación campesina y consta en el Registro Único de Población Desplazada manejado por Acción Social, precisa el informe.

El proceso sufrió una nulidad que hizo que todo lo adelantado se retrotrajera, y finalmente cuando en mayo de 2010, el Incoder realizó una nueva visita preliminar para reactivar la extinción del dominio, verificó que el predio estaba siendo explotado por sus actuales propietarios, por lo que era improcedente la extinción.

Luego de varios años de inercia administrativa, por primera vez se ha retomado el caso de “Las Pavas” con miras a poder reactivarlo y adelantar acciones que de alguna manera lleven a una respuesta favorable a la comunidad campesina.

El caso ha sido estudiado por parte de la nueva administración del Incoder, bajo la dirección de Juan Manuel Ospina, con cuidadoso rigor jurídico, sin embargo, lamentablemente, debido al transcurso que tuvo el proceso y a que las decisiones que lo finiquitaron ya se encontraban en firme, es imposible legalmente hablando que el Incoder pueda deshacer lo hecho como sí lo está haciendo frente a otros casos emblemáticos que está revisando en el marco del Plan de Choque, desde el pasado mes de octubre, dice el informe.

La dificultad jurídica para resolver el caso de la comunidad campesina de “Las Pavas” radica en que los procedimientos administrativos de competencia del Incoder, no fueron creados para resolver problemáticas de restitución de tierras, sino para regular la situación agraria de un país en paz; tanto así que es normatividad vigente desde el año 1994, que retoma muchos aspectos diseñados desde hace varias décadas atrás.

Por ello hay que entender las limitaciones que las acciones del Incoder tienen con base en la normatividad, que en algunos casos resultan favorables al restablecimiento de derechos de las comunidades golpeadas por la violencia, como es el caso de los predios “El Encanto” y “Bejuco Prieto” en Chibolo (Magdalena), pero que en otros no se ajustan, como es el de “Las Pavas”.

“Sin embargo, este Ministerio ratifica a la comunidad de “Las Pavas” su compromiso con la política de restitución de tierras, y por ello, en conjunto con el INCODER, en desarrollo del Plan de Choque de Restitución y Formalización de Tierras que se viene ejecutando desde el 15 de octubre de 2010, incluyó el caso”, indicó el ministro Restrepo Salazar.

El titular de la cartera agropecuaria indicó que en este marco se está adelantando un proceso de clarificación de la propiedad sobre 13 predios, con cerca de 1.200 hectáreas, sobre los cuales se pretende definir cuáles de ellos corresponden a tierras baldías de la Nación, con miras a una eventual adjudicación posterior.

Informó que desde el pasado 25 de marzo, en una reunión sostenida entre el Ministerio de Agricultura, la comunidad de ASOCAB, sus representantes legales, y las organizaciones internacionales acompañantes, se acordó la conformación de unas mesas de trabajo concertadas para tratar la problemáticas de tierras, desarrollo rural y seguridad alimentaria de la comunidad, con miras a explorar alternativas para su solución.

En particular frente al tema de la restitución de tierras a la comunidad, evidentemente es necesaria la existencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como la vía jurídica idónea para su resolución.

Mientras el proyecto de ley se hace realidad, se están examinando otras posibles rutas jurídicas para la respuesta al caso, como por ejemplo el proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación por los hechos del desplazamiento forzado, a través del cual se podrían tramitar las solicitudes de la comunidad.

Igualmente existe otra instancia que puede dar respuesta a las expectativas de la comunidad, y es una decisión pendiente de la Corte Constitucional, que en la revisión de una tutela presentada por ASOCAB, puede hacer una interpretación de orden constitucional ampliada y favorable, que de luz sobre las actuaciones del Estado frente a esta población.

En ese sentido, se solicitará a la Corte Constitucional que emita un fallo frente al caso, que de manera similar a como lo hizo frente a Curvaradó y Jiguamiandó, desde la óptica constitucional dé luces en la materia.

El ministro Restrepo Salazar dijo que preocupa una nueva tendencia que se ha detectado en el país y que podría eventualmente llegar a constituir una nueva forma aplicada para disuadir la reclamación de tierras, consistente en una serie de denuncias penales que se han presentado en contra de líderes campesinos en procesos de restitución por delitos de injuria o calumnia.

Se tiene conocimiento que así ha ocurrido en Urabá, y ahora en “Las Pavas”, según los comunicados públicos emitidos por las mismas asociaciones campesinas.

Este Ministerio rechaza que los líderes de los procesos de restitución de tierras sean coaccionados para el no ejercicio de su liderazgo en Derechos Humanos. Cualquier forma de amedrentamiento contra líderes campesinos, que busque acallarlos y entorpecer procesos e investigaciones de despojos de tierras es repudiable, indica el informe de prensa.

Por ello, se solicita a las autoridades judiciales que tomen especiales medidas de verificación sobre este tipo de denuncias, para evitar eventuales acusaciones temerarias que puedan llegar a obstaculizar el proceso de reclamación de tierras despojadas. Igualmente, se emprenderán acciones para intervenir en estos procesos en defensa de los líderes que se vean afectados por esta potencial nueva forma de amedrentamiento”, subrayó el ministro de Agricultura, según el informe de prensa.
 

Temas relacionados

 

últimas noticias