Arias habría persuadido a implicados en AIS para ajustar versión

Viviane Morales documentó por lo menos 10 visitas del exministro a los detenidos, lo que lleva a inferir esta posibilidad.

El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias habría pretendido persuadir a los demás implicados en las irregularidades de Agro Ingreso Seguro para que ajustaran su versión de los hechos, denunció la fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos.

Indicó que ello se infiere de la comprobación de las múltiples visitas que, indica, hizo el indiciado a la cárcel La Picota en los últimos meses, cuando se avecinaba el acentuamiento de los agravantes en su contra, dentro del proceso penal previo que enfrentaba por estos hechos.

La alta jurista manifestó que la inferencia podría haber sido distinta, de no haber sido porque sus visitas al penal fueran dirigidas precisamente a quienes habían sido detenidos y hoy acusados por este escándalo, que podría llevar a la cárcel al exministro, dada la pérdida multimillonaria que sufrió la Nación.

Ante el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Fierro, Morales mostró que decisiones del exfuncionario pudieron llevar al detrimento patrimonial que, por más de 43.000 millones de pesos, se le generó al Estado colombiano. Para la fiscal General, fue la plataforma política que pretendió usar el dirigente para impulsar su precandidatura presidencial.

Indicó que los convenios celebrados con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, por 3.200 millones; 9.500 millones y 4.300 millones de pesos, suman cerca de 17.000 millones que le costaron a la Nación la irregular implantación de la plataforma, a cargo de Arias.

A su turno, los cerca de 26.500 millones de pesos que fueron asignados a beneficiarios que no llenaban los requisitos para hacerse merecedores a los subsidios no reembolsables, representan la otra parte del multimillonario peculado, indicó la jefe del organismo acusador.

Con esas consideraciones, la parte acusadora finalizó su discurso de argumentación fáctica y jurídica de la imputación de cargos contra el exministro por peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, que para lo hacen merecedor a una medida de aseguramiento, según dejó entrever la Fiscal General.

Por su parte, el imputado no aceptó su responsabilidad en los delitos, que podrían costarle hasta 15 años de cárcel, la mayor pena que contempla el Código Penal en el segundo de los punibles, de ser declarado culpable.

Previamente, la jefe del ente acusador sostuvo que el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias pretendía hacer de Agro Ingreso Seguro el apalancamiento de su candidatura a la Presidencia de la República.

Aseguró que tiene cómo demostrar el plan diseñado por el exministro de Agricultura para dejar la impresión de que había sido él el promotor y principal hacedor de la plataforma, lo que explicaba el interés de estar al frente de todas las etapas del programa.

La Fiscal General consideró evidente el interés electoral del imputado en este proceso que, incluso, diseñó cartillas en las que destacaba el programa AIS y dejando en evidencia cómo pretendía conquistar las voluntades del elector, en su carrera por asumir la candidatura de su partido a la Presidencia en 2010.

Denunció que el exprecandidato creó una puerta giratoria permitiendo que muchos de los funcionarios del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria, IICA, pasaran a ocupar altos cargos en la cartera agropecuaria.

La fiscal General documentó así casos como el del también exministro Andrés Fernández, el exviceministro Juan Camilo Salazar y Javier Romero, que saltaron del Instituto al miniterio, una vez firmados los convenios.

Para Viviane Morales, el Ministerio disfrazó la naturaleza del contrato para darle una apariencia de legalidad, toda vez que se expuso un objetivo central que no era materia del convenio, para contratar directamente con el IICA.

Manifestó que pese a que se trataba de un contrato destinado a la administración de recursos públicos para la implantación de los programas de AIS, la cartera adujo que se trataba de un convenio de cooperación técnica y científica.

Dice la fiscal General que el propósito era evadir su deber legal de convocar a un concurso licitatorio, evitando así la concurrencia de varios proponentes, en pugna por el contrato.

La fiscal destacó un interés inusitado del exministro en el desarrollo de esta iniciativa, pues según ella era tal su nivel de injerencia que fue él mismo quien escogió a los contratistas, que como el IICA, estuvo al frente del diseño y esquematización de todo el programa.

Era él quien estaba al frente del pago de viáticos y la financiación de todas las gestiones tendientes a desarrollar la plataforma, tanto así que periódicamente organizaba reuniones para evaluar la gestión de cada uno de los comités que él mismo creó sobre el programa y que trabajaban en una oficina contigua a su despacho.

Finalmente, señaló que hubo cierta ligereza en la manera como se ejecutaron algunos de los detalles, como el hecho de que Arias hubiera comisionado a dos funcionarios de su propia cartera para efectuar la interventoría sobre un contrato por 288.000 millones de pesos.
 

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