Arranca debate por la objeción de conciencia

Representantes buscan que la libertad de conciencia se convierta en ley. Servicio militar y ejercicio profesional podrán ser objetados.

Hace dos días, cerca de 30 congresistas radicaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para reglamentar la libertad de conciencia, promulgada por la Constitución de 1991 en su artículo 18, y fueron muchas las voces que salieron a advertir sobre la conveniencia o no de adelantar dicha reglamentación. La iniciativa busca esclarecer en cuáles casos los ciudadanos podrán recurrir a la objeción de conciencia para, por ejemplo, no prestar el servicio militar, negarse a practicar un aborto, negarse a asistir a una clase de religión en un centro educativo, rechazar como notario la oficialización de un divorcio, no rendir culto a los símbolos patrios, entre otros.

Son 15 los artículos del proyecto, que en su artículo 2° consigna su esencia, cuando habla de los alcances del derecho a la libertad de conciencia, y explica que ésta es entendida como “el derecho a formar libremente la propia conciencia, religiosa o no”. Palabras más palabras menos, ella implica el libre ejercicio de la objeción por motivos religiosos, éticos, morales e ideológicos, permitiendo que las personas sean eximidas de “aquellas obligaciones jurídicas” y su finalidad es garantizar el principio de la igualdad.

Los menores de edad también tendrán derecho a la objeción de conciencia, dado que, según el proyecto de ley, el recurso podrá ser aplicado en el ámbito educativo “cuando las actividades o programas de enseñanza incluyan aspectos incompatibles con las propias creencias y convicciones”. En estos casos, la responsabilidad de elevar el reparo estará a cargo de los padres o el representante legal del menor.

Las únicas excepciones que podrán ser invocadas para negar el derecho ciudadano son: seguridad pública, protección del orden público, de salud o de la moral pública, o la protección de los derechos y libertades de un tercero. La objeción deberá ser presentada de forma escrita ante la autoridad que haya impartido la orden de la cual se discrepe, así como también podrá ser elevada a litigio mediante tutela.

Los principales casos que el proyecto establece como situaciones proclives a ser objetadas son: la prestación del servicio militar, obligaciones profesionales del ámbito médico o relativo a la salud; obligaciones civiles o laborales como el juramento, el rendir homenaje a los símbolos patrios y el derecho a ausentarse de los días laborales que sean ceremoniales en las creencias propias.

Por ahora, este es sólo el boceto de una iniciativa que pronto arrancará trámite en el Congreso. Y aunque son 30 los legisladores que la avalan, todos de diferentes tendencias ideológicas, convicciones políticas y creencias religiosas, falta ver qué tanta acogida tiene no sólo en el Capitolio, sino también en el Ejecutivo.