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hace 1 hora

Así se combatirá el crimen en las ciudades

En Medellín, la ciudad más golpeada por la delincuencia urbana, el mandatario sancionó la ley que le da herramientas al Estado para combatir la delincuencia en los centros urbanos.

El Estatuto de Seguridad Ciudadana, la principal herramienta para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cumpla su promesa de implementar la seguridad urbana en el país fue sancionada hoy viernes por el mandatario en Medellín, en donde el impacto de la delincuencia está creciendo en forma exponencial.

La idea, señalan, es “partirle la médula espinal a la criminalidad organizada y dotar de herramientas suficientes a las ramas del poder para enfrentar la creciente delincuencia en las principales ciudades del país”.

La creación de nuevas tipologías penales, el incremento en las condenas, reformas al código de infancia y medidas para facilitar la extinción de dominio, son algunos de los temas que aborda el estatuto. Pero el Gobierno aprovechó el trámite de esta iniciativa para colgarle arandelas que podrían ayudarle a manejar temas como los paros, las protestas, los costos de los procesos judiciales y el traslado de los mismos.

Mercado negro de armas

Se va a tipificar como delito el porte de armas sin salvoconducto que hasta el momento es excarcelable. Según argumentan, la idea es estimular el uso responsable de las armas y desarticular los grupos ilegales y milicias urbanas. En la actualidad la única forma de procesar a un delincuente era capturarlo en flagrancia, pero ahora el porte ilegal de armas será argumento suficiente para ponerlo tras las rejas. Además, quien emplee de forma irresponsable un arma, con prácticas como realizar tiros al aire, recibirá una pena de 1 a 5 años.

Celulares

Tal como se ha anunciado. El Gobierno busca ponerle coto al hurto de celulares, uno de los delitos que ha disparado los índices de criminalidad en el país, que de acuerdo con cifras que manejan las autoridades, en 2010 fueron robados más de tres millones de estos elementos de comunicación móvil. El estatuto contempla la facultad para que la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) cree un inventario de los aparatos que hay en el país, sin importar si están o no en funcionamiento. La idea es que el equipo que sea reportado como robado se incluya en esta base de datos y no pueda activarse de forma alguna.

Para cortar de tajo el mercado negro de celulares robados, quienes manipulen las terminales móviles de comunicaciones tendrán condenas de 6 a 8 años y de igual manera sucederá para quienes activen las líneas desde las mismas empresas de telefonía.

Monetización de bienes de tráfico

Uno de los temas en los que se enfocó esta ley es en el combate al tráfico y consumo de estupefacientes. Por este motivo, y en eso ha hecho énfasis el presidente Santos, es la confiscación de bienes fruto del negocio de las drogas ilícitas. Ahora los bienes que sean incautados serán monetizados de forma inmediata y el dinero será empleado en campañas de prevención del consumo, infraestructura penitenciaria y programas de resocialización de adictos. En caso de que un juez determine que esos bienes no deberían ser objeto de extinción de dominio se devolverá el valor de la monetización y se evitarán demandas millonarias al Estado.

Mercado de autopartes robadas

En las principales ciudades, uno de los delitos de mayor impacto es el robo de vehículos y de autopartes, por eso el combate a esta modalidad delictiva se convirtió en una prioridad dentro del articulado de la ley y quienes compren, vendan o comercialicen con artículos robados incurrirán en el delito de receptación y la pena llegará hasta los 12 años.

Protección de los menores

Uno de los temas que han generado mayor preocupación entre las autoridades y el Gobierno es el incremento de delitos protagonizados por menores de edad, en el marco de los cuales, por lo general, se encuentra un adulto incentivando la comisión de los crímenes. Por eso, el estatuto contempla que quienes incurran en esta práctica recibirán la máxima pena permitida dentro de la normatividad colombiana: de 30 a 60 años de prisión. Esta condena aplica incluso para quienes camuflan armas o estupefacientes en los niños.

Tatequieto a menores delincuentes

Aunque es claro que la mayor parte de delitos que cometen los menores son propiciados por adultos, el Gobierno también tiene identificado un grave problema que esta afectando a los adolescentes del país, que conscientes de que las normas son más benévolas con ellos, inician a temprana edad una carrera de delincuencia y sicariato. Por eso se eliminó el artículo que contemplaba que los menores que hubieran delinquido recuperaran su libertad a los 21 años, independiente de si han cumplido la totalidad de su condena. Ahora, no podrán salir de los centros de reclusión antes de pagar la pena, y en caso de los delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión y violación la condena será de 5 a 10 años.

Jueces de control de garantías ambulantes

El país recuerda el asesinato de Gloria Constanza Gaona, juez de Tame (Arauca), quien investigaba la violación y asesinato de tres menores de edad, presuntamente cometidos por un miembro del Ejército. En su momento se criticó la falta de celeridad para trasladar el proceso a Bogotá para que lo asumiera un juez que no temiera por su vida. Casos como este generaron la creación de los jueces ambulantes de control de garantías, quienes irán hasta los lugares de los hechos en casos de "interés público y de seguridad nacional", además se implementó un mecanismo expedito de los procesos. Otra ventaja de esta iniciativa es que los delincuentes, cabecillas de grupos ilegales, cuyo traslado a diligencias judiciales requería de un costoso operativo, podrán rendir indagatoria en sus sitios de reclusión.

Freno a los paros

Una de las lecciones que aprendió el Gobierno con el paro nacional de transportadores que se realizó en meses pasados, es que tienen la capacidad de paralizar a Bogotá y a todo el país. Y, por encima del derecho a la legítima protesta, implementó un artículo con el cual, los paros que se realicen en las vías y no cuenten con el aval de los mandatarios municipales o nacionales incurrirán en delito y la condena será de 4 a 8 años. En este tema hay una gran polémica que enfrenta el legítimo derecho a la protesta y el derecho a la libre locomoción.
 

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