Ausencia de Estado en Urabá

LA POLICÍA NACIONAL INICIÓ HACE tres días el desalojo de cerca de 6.000 personas que se asentaron ilegalmente en fincas de cuatro municipios en el Departamento de Antioquia con el objetivo aparente de exigir la restitución de sus tierras.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, reprochó ayer las vías de hecho y añadió que la titulación de los campesinos de adquirir los predios “se mueve por las vías de la regulación jurídica y quien tenga derecho a reivindicar una tierra, que habiendo sido suya le fue despojada, no necesita ir a marchas sino ante los jueces”. No le falta razón al ministro, aunque tampoco a los críticos que ven una bomba de tiempo en la amplia brecha entre las promesas oficiales y la efectividad de los procesos de restitución. En especial en un lugar como el Urabá antioqueño, donde no sólo se realizó el primer piloto de restablecimiento de tierras, lo que despertó los ánimos y las esperanzas, sino donde además la resistencia política ha sido histórica. Además de los sindicatos bananeros, la base social del Epl sigue presente y con ella una de las más tradicionales formas de protesta en la región: las acciones de ocupación.

No obstante, a pesar de las peticiones iniciales de los ocupantes y de la vocería de la cartera de Agricultura, de lo que aquí se trata no es de desplazados por el conflicto que buscan recuperar sus tierras sino de jornaleros que nunca las tuvieron. El problema, de hecho, no es rural sino urbano: los pobladores están valiéndose de la invasión a la fuerza para pedir servicios del Estado, entre ellos, vivienda. Es más, hay quienes han expresado su deseo de comprar las tierras que se tomaron para luego habitarlas. La forma, por supuesto, es condenable. Sin embargo, la ausencia de Estado es evidente. De lo que aquí se trata es de una necesidad sentida de la población, una de la que se habla desde los 80 y que seguro sirvió de apoyo a los procesos guerrilleros. No todo se explica por este déficit, es claro, la violencia tiene múltiples causas. Y toda esta invasión, en ese mismo sentido, tiene detrás poderosos intereses. Sin embargo, no cualquier propósito es capaz de movilizar a 6.000 personas para que vivan, con toda su familia, en cambuches y además se enfrenten a la Fuerza Pública.

Hay quienes, como es usual en estos casos, culpan a los dueños de las tierras y a quienes las explotan por las pocas garantías que ofrecen a sus trabajadores. Sin embargo, pensar que la solidaridad social empresarial puede sacar a regiones enteras de la pobreza es como pensar que el sello verde puede salvar al medio ambiente. La labor del Estado no será jamás reemplazada por privados y sólo a éste hay que reprochársele su ausencia. El Gobierno Nacional adelanta un interesante proyecto de ley que promueve el suelo urbanizable. La iniciativa, aprobada en primer debate, busca acelerar la construcción de un millón de viviendas de interés social. No obstante, los hogares sin vivienda registrados son, según el DANE, 3’828.055. Así, aunque el proyecto se apruebe y en efecto funcione, el camino por recorrer es largo.

Reconociendo que es más fácil criticar que hacer, no deja de ser importante afanar al Gobierno en los proyectos de bienestar social. Sus promesas han levantado los ánimos y, para que no sean una bomba de tiempo, deben cumplirse. La población tiene que sentir que cuenta con la protección del Estado. En este sentido, del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se espera que haga más que denunciar a los políticos que apoyaron la invasión. Su periodo se concluye este octubre, ¿dónde están sus resultados?

 

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