B. Moreno seguirá en libertad

Tribunal no vio necesario dictarle medida de aseguramiento. Caso contrario el de María del Pilar Hurtado, a quien ordenaron capturarla.

El abogado Jaime Granados, defensor en el caso de las ‘chuzadas’ del exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, les ganó el pulso a la Fiscalía, a la Procuraduría y a los representantes de las víctimas, que querían ver a su cliente en prisión. Imponiendo el argumento de que prima la presunción de inocencia en desarrollo del proceso y que su cliente siempre ha estado dispuesto a atender el llamado de la justicia, logró que el magistrado Luis Fernando Ramírez, del Tribunal Superior de Bogotá, rechazara la solicitud de dictarle medida de aseguramiento.

Una suerte distinta vivió la compañera de banquillo de Moreno: María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, quien se encuentra protegida en Panamá bajo la figura del asilo político. El magistrado ordenó expedir orden de captura internacional para traerla ante los tribunales en Colombia. En su caso, ella sí evadió la justicia y por eso se hace necesaria su aprehensión.

Estas fueron las principales decisiones de la jornada de ayer, durante la continuación de la audiencia de control de garantías, en la que desde el pasado miércoles la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, les había formulado imputación y había solicitado al magistrado dictar medida de aseguramiento. Su principal argumento fue la gravedad de los delitos que presuntamente cometieron en el desarrollo de las interceptaciones ilegales y seguimientos a magistrados, políticos de oposición y periodistas.

Esta solicitud la había apoyado el procurador delegado Jorge González Vásquez, quien indicó que era la única forma de obrar en derecho y agregó: “Bernardo Moreno ha acarreado sobre sí tanto poder, tanta capacidad de influencia sociopolítica, como para estudiar que la medida de aseguramiento es necesaria para evitar que el procesado obstruya la justicia”, dijo Vásquez.

Pese a las evidencias que expuso la fiscal general durante la primera parte de la audiencia de garantías y a los argumentos del procurador, el magistrado Ramírez consideró que en el caso de Bernardo Moreno no era suficiente demostrar la gravedad de la conducta que se le imputó para imponer la medida. “Siempre se deben valorar otras circunstancias y por esto no es procedente la medida. No tiene antecedentes que hagan necesario proteger a la sociedad... Lo que se encuentra con respecto a él es que el sistema penal colombiano le puede garantizar su presunción de inocencia y el principio de libertad”. Jaime Camacho Flórez, defensor de María del Pilar Hurtado, también intentó evitar la medida para su clienta y se concentró en atacar los argumentos de la Fiscalía y, especialmente, en indicar que no se le podría endilgar a su cliente responsabilidad en el delito de concierto para delinquir, especialmente porque los casos que le imputaron eran órdenes que se ejecutaban desde administraciones anteriores.

El magistrado Ramírez dijo que el caso de la exdirectora del DAS era diferente, dado a que había sido notoria su evasión a la justicia. “El que se haya concedido asilo no nos compete. Sin embargo, en cuanto a lo que nos compete, su evasión a la justicia es suficiente argumento para imponer la medida en su contra”.

La determinación del magistrado sorprendió a muchos, sobre todo si se tiene en cuenta la postura que han asumido los jueces de otros casos, como el del carrusel de la contratación y Agro Ingreso Seguro, en los que se han visto involucrados exservidores públicos, que pese a demostrar su voluntad de dar la cara a la justicia, hoy están en prisión.

Sin embargo, lo que fue un alivio para el exfuncionario Moreno llenó de sinsabor a los abogados de las víctimas, quienes apelaron la decisión. “Esto deja un sabor amargo de desequilibrio y de apertura a la impunidad. ¿Qué estarán pensando Gustavo Sierra, Tabares, Lagos, Martha Inés Leal, quienes han pedido perdón por hechos delictivos que fueron concertados por el DAS y la Casa de Nariño? Deben tener un gran malestar de sentir ser los chivos expiatorios de esta acción judicial”, dijo Luis Guillermo Pérez, abogado de Piedad Córdoba.

A pesar del inconformismo, el magistrado Ramírez indicó: “No encuentro argumentos para reponer la determinación tomada” y ratificó su decisión de dejar en libertad a Bernardo Moreno mientras va a juicio. Los representantes de las víctimas apelaron y ahora sería la Corte Suprema la que tendría que tomar una decisión de segunda instancia. Llama la atención que la Fiscalía, que fue la que promovió la medida, no apeló.

En el proceso contra Moreno y Hurtado, cuando llegue a juicio, se podría dar un hecho particular y es que lo tendrían que asumir varios conjueces, ya que los magistrados que actualmente están en el máximo tribunal fueron víctimas de los delitos por los que juzgarán a los exfuncionarios y por esto se tendrían que declarar impedidos.

En el caso de María del Pilar Hurtado, en la tarde de ayer habló la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, quien ratificó que el gobierno colombiano pedirá a Panamá la extradición de la exdirectora del DAS. Sin embargo, aclaró que la decisión del vecino país es autónoma y eso no afectará la relación que actualmente tienen ambos gobiernos. Cabe recordar que la semana pasada el presidente panameño, Ricardo Martinelli, dijo que no extraditará a Hurtado.

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá no quiere decir que Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado sean inocentes o culpables. Ambos siguen vinculados al proceso penal y, una vez quede en firme la decisión de la medida de aseguramiento, la fiscal general de la Nación tiene 30 días hábiles para presentar el escrito de acusación ante la Corte Suprema, que será el juez de conocimiento en este caso.

Los delitos por los que Moreno y Hurtado irían a juicio son concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. La exdirectora del DAS, además, por peculado por apropiación y por falsedad en documento público.
 

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