Bacrim y el sometimiento a la justicia

EL OBISPO DE MONTERÍA, MONSEñor Julio Vidal, quien se desempeñó como facilitador del proceso entre las Auc y el gobierno de Álvaro Uribe, aseguró este miércoles que cerca de 5.000 integrantes de distintas bandas criminales estarían interesados en someterse a la justicia.

Un interés que desde hace un tiempo se viene anunciando y que parece haber obtenido, finalmente, la atención del primer mandatario. El presidente Santos, no obstante, si bien anunció la disposición de las autoridades para facilitar el sometimiento de los criminales, dejó claro, al igual que lo hizo la Fiscalía, que los beneficios que recibirían los criminales no serían otros que los que estipula regularmente la justicia. Una posición que es importante asumir, no sólo para mostrar la coherencia del Estado, sino para mantener el imperio de la ley. Aunque las bacrim son similares a las Auc —menos actores políticos que actores capaces de interferir en la política—, el doblegamiento de las instituciones no puede convertirse en política comodín.

No se trata sólo del mal recuerdo del sometimiento de Pablo Escobar y otros mandos del cartel de Medellín a la justicia, el cual implicó no sólo la más rampante impunidad, sino el difícil espiral de violencia de la “guerra de los Pepes”. Tampoco se trata del fiasco del Caguán ni del oscuro balance del proceso de Justicia y Paz, en el que se tienen 1.300 postulados, 400 imputados y sólo cuatro sentenciados, además del riesgo latente de la excarcelación masiva de antiguos miembros de las extintas Auc por vencimientos de términos y, con ellos se pierden las esperanzas de justicia, verdad y reparación. De lo que se trata es de establecer y mantener una política nacional en la que no se viva sometiendo, al capricho de los delincuentes de turno, el Estado de Derecho. No se dice con esto que la puerta de la negociación deba cerrarse para siempre, pero sí que no debe abrirse sin el consenso entero del Estado —si algo nos ha enseñado la experiencia es la importancia de acuerdos previos entre los poderes— y de manera exclusiva para casos de indiscutible trascendencia nacional.

Cada vez que un grupo de criminales decida entregar las armas no se puede reabrir el debate de la negociación. Una oportunidad siempre presente, simplemente, carece de valor. En el contexto de los 5.000 integrantes de distintas bandas criminales que buscan someterse a la justicia, más provechoso sería pensar la forma como el Estado ha abordado este problema de seguridad, entre otras, porque de llegar a darse, no puede realmente interpretarse como un éxito en la política de seguridad. Esta es su causa, cierto, pero su éxito queda en entredicho en la medida en que es capaz de amenazar a integrantes individuales, pero no al agregado de la estructura criminal.

La Policía Nacional ha venido realizando un apreciable trabajo. Pero lo cierto es que para desmantelar a las bacrim necesitará de la ayuda del Ejército, la Fuerza Aérea y la Naval. No en el caso de ‘Los Machos’, cuyos miembros giran alrededor de una decenas, pero sí en el caso, por ejemplo, de la ‘Erpac’, que se trata de una organización de casi 1.000 miembros. Las más pequeñas cederán ante la presión policial, pero las más grandes requieren de un trabajo conjunto. El país ha sido —no sin razón— bastante riguroso en la interpretación del Derecho Internacional Humanitario, pero tal rigor no puede llegar al punto de atarnos las manos. Las Fuerzas Militares sí pueden atender otros frentes más allá de las guerrillas. Para no ir muy lejos, México está luchando contra el narcotráfico con el agregado de sus fuerzas. Pero por algún motivo, este gobierno ha decidido desplazarle toda la responsabilidad a la Policía y, aunque ha dado resultados, el desmantelamiento de las bandas criminales es una tarea que la rebasa.

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