Basuras: el desorden de una licitación

EN MAYO DE ESTE AÑO, LA PROCURAduría destituyó e inhabilitó a la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Miriam Martínez, por la consignación de información falsa en el acta de asignación de la licitación del relleno sanitario Doña Juana.

Martínez, en desacuerdo, apeló el fallo. Algo corriente y que, además, hace parte de sus derechos. Menos usual, sin embargo, es que mientras la apelación surte su trámite, Martínez permanezca en el cargo y siga ejerciendo funciones, ya no sobre Doña Juana, sino ahora sobre la de recolección, barrido y limpieza de la capital. Esta licitación, por 2.2 billones de pesos, debió ser adjudicada por la Uaesp el pasado septiembre. No obstante, se postergó seis meses porque los estudios previos, por negligencia de la Unidad, estaban incompletos. La licitación, que ya no puede postergarse de nuevo, será adjudicada en las siguientes semanas. Un asunto que no deja de preocupar, pues más extraña que la permanencia de Martínez en la dirección es la disposición de los pliegos.

En la colcha de retazos que es hoy el documento licitatorio —que llegó a tener 840 arreglos en una sola acción de conciliación— hay exigencias que merecen consideración. Entre ellas, los requerimientos de información. Así, por ejemplo, los camiones que exige el pliego deberán tener sensores que, en tiempo real, transmitan el desgaste de las llantas, el consumo de gasolina y el peso de la basura que se transporta. ¿Mejorará el control sobre los camiones de basura? Seguro. ¿Vale la pena un sobrecosto de casi 150 millones de pesos por camión? Difícil. Y más difícil aún son los requisitos de la licitación de los administradores de las señales que mandan estos sensores (sería una nueva unidad), pues se les exige una prueba —que suma 600 puntos de los 1000 de la licitación— no de software, como debería ser, sino de hardware. Más específicamente, se pide a estos licitantes que equipen un camión, lo pongan a andar  y luego sí prueben que son capaces de manejar los datos, que sería su única tarea.  Sospechoso, dado que sólo hay una empresa en el país capaz de realizar tal prueba.

Merecen consideración también otros requisitos, como los de “Área Limpia”. En los requerimientos de los pliegos, por ejemplo, se encuentra que, después del paso de los barrenderos, se hará una prueba de limpieza por veeduría, no inmediatamente después, sino entre 8 y 16 horas después. ¿A quién se le puede ocurrir que una calle de La Candelaria, por ejemplo, estará limpia 16 horas después de ser barrida? Sin embargo, y siguiendo con el mismo ejemplo, el pliego actual le asigna a La Candelaria sólo cinco barridos por semana. Se lee también que un puente debe limpiarse con no más de 80 litros de agua  y se multará, no al usuario, sino al recolector de basura, si el primero saca sus desechos el día equivocado. No se podrá subcontratar y, al cabo de los ochos años, todos los camiones, escobas y los nuevos localizadores en tiempo real de todos los barrenderos deberán ser retornados al Distrito.

Entre las exigencias sospechosas y las planamente ridículas, la licitación tiene un problema adicional: los recicladores. Siguiendo la orden de la Corte Constitucional, se deberá incluir en los pliegos a esta población vulnerable. Algo que tiene perfecto sentido. No tanto la forma cómo se piensa realizar: primero, haciéndolos accionistas de las empresas temporales que ganen la licitación, las cuales, se sabe, no dan utilidades en los primeros tres años y, segundo, seleccionándolos al azar. Bogotá tiene cerca de 11 mil recicladores. Una buena parte quedará por fuera. ¿Qué puede esperar la ciudad de aquéllos que, de la nada, van a ser expulsados de sus vías habituales de trabajo?  No es cualquiera el problema de orden público que aquí se amasa. Sólo por este punto ameritaría suspender la licitación. Pero motivos, hay muchos más. ¿Hará algo la Alcadía?

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