Bellini dio la cara por el carrusel de la salud

Aunque esto no quiere decir que la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra se frene.

Durante tres horas de interrogatorio en la Fiscalía, a puerta cerrada, Luisa Fernanda Bellini, exdirectora de Financiamiento del Ministerio de Protección Social y considerada pieza clave en el proceso del carrusel de la salud, fue escuchada, por iniciativa propia, por el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Montes, para salirles al paso a las dudas que se tejen a su alrededor en este proceso.

Aunque esto no quiere decir que la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra se frene.

Bellini, quien viajó desde Italia para presentarse ante la justicia colombiana y renunció hace pocos días al cargo que desempeñaba como subdirectora de relaciones exteriores en la Alcaldía de Bogotá, es la exfuncionaria con más alto rango vinculada hasta ahora en este proceso, y era quien en calidad de directora de financiamiento de la cartera de Protección Social firmaba y autorizaba los multimillonarios recobros de las EPS al Fosyga.

También era la jefe de Claudia Patricia Rojas Puerta, la cabeza visible de la red que desfalcó la salud a través del sistema de recobros, que podría ascender a $4 billones.

En las horas de la tarde también se presentó María de los Ángeles Pascualli, exasesora jurídica externa de Bellini señalada de emitir conceptos sobre el pago de cuentas, particularmente cuando mediaban acciones de tutela. Mañana se espera que comparezca también de manera voluntaria el exviceministro técnico Carlos Jorge Rodríguez, quien también estaría en la lista de indiciados.

Por el carrusel de la salud están en prisión Claudia Patricia Rojas Puerta, coordinadora de cobros y reclamaciones del Ministerio de Protección; Luis Andrés Ruiz Martínez, encargado de las bases de datos en esa cartera; Héctor Mauricio Durán Poveda, subgerente de cartera de la EPS Sánitas, y los ciudadanos Édgar Isaías Medina Millán y John Carlos Lemus Rodríguez, quienes asesoraban a las EPS en los recobros. Los delitos que les imputaron a los procesados fueron concierto para delinquir, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho y enriquecimiento ilícito. Ninguno aceptó cargos y el juez de garantías los envió a prisión.

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