Buscan frenar corrupción en contratación a través de fiducias

Según Estatuto Anticorrupción que se aprobó en último debate, empresas del sector financiero manejarán dineros de anticipos para evitar que contratistas los malgasten.

Un ‘tatequieto’ incluyó la mesa de unidad nacional y el Gobierno Nacional en el proyecto que establece el Estatuto Anticorrupción. La Cámara de Representantes tras doce sesiones, en último debate aprobó el control de los dineros que entrega el Estado como anticipos a los contratistas.

A partir de la sanción presidencial del Estatuto, los anticipos que el Estado otorga sólo podrán ser manejados por fiduciarias. En la actualidad, una de las ‘venas rotas’ y elementos que sirve para promover la corrupción son los anticipos; por ende, ahora quedarán controlados, por cuenta de esa figura.

Al ser consultado sobre el representante Telesforo Pedraza, explicó que “todos los anticipos o concesiones no podrán ser manejados por algo distinto a las fiducias”.Pedraza señaló que escenarios como el de los Nule, que malgastaron los anticipos, no volverán a registrarse en el país.

En el mismo sentido, los interventores responderán civil, penal y disciplinariamente por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la ejecución de los contratos en los cuales son interventores.

Control a cuentas de contratistas

De otro lado, en aras de blindar el ejercicio de la función de los contratistas del Estado, se levantó la reserva bancaria para conocer el manejo de los recursos públicos de éstos.

El representante Guillermo Rivera explicó que las cuentas que sean abiertas para administrar los recursos de los contratos “no estarán sujetas a la reserva bancaria”.

“Ahora, los interventores, las entidades, el jefe de control interno y la veeduría ciudadanía le podrían pedir a los bancos el movimiento de esas cuentas para hacer una vigilancia en tiempo real”, aseguró. El Estatuto Anticorrupción fue aprobado este miércoles en la noche en la plenaria de Cámara de Representantes.

Puntos claves del Estatuto:

 

1. Genera un estricto régimen para evitar la “puerta giratoria” entre el sector público y el privado.

 

2. Prohíbe a quienes financien campañas políticas ser contratistas del Estado, por el período para el cual haya sido elegido el respectivo candidato.

 

3. Se dota el Presidente de la República de la posibilidad de nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales dotando a estos funcionarios de una mayor eficacia.

 

4. Se establecen importantes medidas administrativas y penales para proteger los recursos del sector salud. En ese sentido, por ejemplo, se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y se establecen tipos penales severos como la estafa sobre recursos del sector salud; la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en este sector; el peculado por aplicación diferente frente a recursos de la salud, entre otros.

 

5. Se crean nuevos tipos penales para combatir la corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en varios de los delitos contra la administración pública. A su turno, se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de beneficios como la casa por cárcel.

 

6. Se permite la realización de operaciones encubiertas donde agentes del Estado infiltren organizaciones criminales dedicadas a la corrupción facilitando así las investigaciones. A su turno, se da la posibilidad de que en los delitos de cohecho se aplique el principio de oportunidad.

 

7. Se establece un procedimiento verbal expedito y ágil para las actuaciones disciplinarias y fiscales de manera tal que se disminuya la impunidad en las mismas.

 

8. Se da lugar a un régimen contractual que garantice un mejor uso de los recursos estatales mediante figuras como la obligación de que los anticipos de contratos públicos se manejen a través de fiducias; un régimen más severo de multas y sanciones para contratistas incumplidos; la obligación de que los proyectos a contratar cuenten con adecuados estudios previos y un sistema que garantice transparencia en la contratación de mínima cuantía.

 

9. Se hace de la lucha contra este flagelo una política de Estado mediante la creación de la Comisión Nacional para la Moralización y convierte a la sociedad civil en una aliada mediante la labor de la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.

 

 

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