Campesinos y Ejército en pugna por tierras de Tolemaida

Colonos dicen permanecer allí desde hace más de 70 años, antes de la adquisición de las tierras donde funciona la base militar.

Un nuevo pero desconocido capítulo de confrontaciones por la tierra están protagonizando desde hace más de medio siglo el Ejército Nacional y centenares de familias que habitan zonas veredales de Nilo, Cundinamarca, y Melgar, Tolima, debido al interés de la institución castrense de recuperar los predios, tras sucesivos fracasos en su legalización, que incluyen una promesa incumplida de parcelación en favor de los colonos, que dicen no tener a dónde ir.

Pese a que representantes de las Fuerzas Militares aducen que se trata de una ocupación ilegal y que incluso ha sido aprovechada para la construcción de lugares de recreo y no para el desarrollo de humildes proyectos agrícolas, los ocupantes aseguran que se encuentran allí por un derecho ya adquirido y que su difícil condición socioeconómica les dificulta la evacuación; de allí que hayan acudido a autoridades del Ejecutivo y organismos de control que, con alguna parsimonia, han ido atendiendo las solicitudes.

Son 113 familias, ocho de ellas desplazadas por la violencia, las que podrían verse perjudicadas; ante la incapacidad de algunas instituciones de concertar una solución que ha tenido diferentes etapas de negociación, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria ya prepara un informe, que recoge denuncias de los pobladores, que aducen haber sido objeto de presiones violentas y amenazantes para obligarlos a salir del lugar, al que llegaron sus predecesores hace más de 70 años.

Desde 1958, el presidente Alberto Lleras Camargo se comprometió con los colonos de la zona a no arrebatarles los predios que la Nación había adquirido solo cuatro años atrás, cuando ellos mismos ya acumulaban más de 13 años de ocupación. La promesa se oficializó con la expedición del convenio 108 del 28 de abril de 1968, que consagraba en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, el deber de parcelar las tierras, que serían cedidas por el Ministerio de Defensa Nacional a los ocupantes.

“(…)El Ministerio de Defensa celebró con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria un convenio de fecha 28 de abril de 1968, por medio de la cual el Ministerio de Defensa se comprometió a hacer entrega al instituto de varios globos de terreno que forman parte de los predios de mayor extensión conocidos como Jamaica, Sonora, Resacas, Seboruco y Berlín, predio de mayor extensión de la cual se toman los sectores de Salento y California, La Hondita, La Cajita, La Calera y El Icacal, de propiedad del Ministerio y ubicados en los municipios de Nilo y Melgar”, dice la escritura 5927 del 13 de octubre de 1969, firmada en la Notaría Quinta de Bogotá.

Así las cosas, el ya remoto Incora debía encargarse de reunir a todos los ocupantes que se encontraban diseminados por el territorio, para concentrarlos y reubicarlos dentro de los 1.867 y 4.797 metros que fueron objeto de la cesión en Melgar y Nilo, solo cuatro años después de la compra de la Finca Tolemaida por parte del gobierno del entonces golpista general Gustavo Rojas Pinilla, que años después se convertiría en una de las bases militares más importantes del país.

“El Incora se compromete a adelantar programas de parcelación en predios a que se refiere el presente instrumento, adjudicando las unidades agrícolas a familiares y los lotes de vivienda a las personas que reúnan las calidades para ser sujetos beneficiarios de los programas de reforma agraria”, dice el documento de cesión que firmaron el entonces ministro de Defensa, general Gerardo Ayrerbe Chaux, y el gerente de la entidad agraria Carlos Villamil.

Lo que parecía una amigable solución al litigio que empezaba a tejerse se fue convirtiendo en un nuevo motivo de discordia para campesinos y militares, cuando pasados diez años el Incora no solo no cumplió con su misión de oficializar la cesión de los predios ubicados en las veredas Mesabaja, Yucala y Naranjala, sino que hizo expresa su voluntad de devolverlos al Ministerio de la Defensa Nacional; los ocupantes ya acumulaban más de 38 años de ocupación, pero el título de propiedad continuaba a favor del Estado.

En su momento, el Instituto indicó públicamente la imposibilidad de seguir la directriz con arreglo a lo acordado una década atrás, debido al arribo de terceros interesados, que no integraban el censo a partir del cual se había autorizado la cesión de los predios; de ahí que firmara la escritura 273 del 8 de febrero de 1979, en la que oficializaba la devolución del terreno al Ministerio.

Un año más tarde, el jefe de la cartera Luis Carlos Camacho Leyva ordenó la venta de los terrenos, previo avalúo del Instituto Agustín Codazzi, pero la lentitud con la que se desarrolló este nuevo intento por legalizar estos bienes, derivó en los mismos desacuerdos que impidieron un cambio en el estado de cosas y dieron lugar a una nueva controversia entre las partes.

Según un informe del Centro Nacional de Entrenamiento de Tolemaida de Marzo de 2010, a lo largo de esos 10 años se presentaron varios inconvenientes con los colonos, entre ellos la supuesta sustracción de un material de construcción del que dispuso el Club Militar Campestre en la zona y el presunto incumplimiento de promesas por parte de los ocupantes, de quienes, dice la institución castrense, han venido desplegando conductas ilegales.

En el documento, la unidad militar cita una lista de 24 campesinos que entre 1982 y 1984 se comprometieron a vender sus mejoras y que, al parecer, la transacción se hizo efectiva cinco años más tarde; sin embargo, dicen, esos mismos ocupantes permanecen ejerciendo la posesión y contando con la asesoría de abogados que, desde 1990, señalan, se acercaron a la Región convencidos de que se trataba de un negocio de jugosa cuantía.

La Corporación Jurídica Yira Castro, que ha venido asesorando y acompañando en los procesos a los colonos, indica que muchos de los habitantes de la zona han sido engañados y asaltados en su buena fe, desconociendo la existencia de compromisos legales que reconocen la posesión que han ejercido sus defendidos en la zona durante siete décadas, a través de métodos que no corresponden a la diligencia con la que se deben desempeñar las entidades del Estado.

Luego de instaurar más de 20 denuncias en contra de los colonos como presuntos responsables del delito de invasión de tierra, el centro de entrenamiento militar ha intentado emprender nuevas labores tendientes a la recuperación de los terrenos, insistiendo en la necesidad hacerse a ellos para la disposición de actividades de capacitación física de soldados y auxiliares y argumentando que la cercanía con el corazón de la base constituye un riesgo para la comunidad, argumento que para los afectados y sus defensores se ofrece inaceptable.

Los campesinos, algunos de los cuales fueron señalados de mantener en el lugar en pugna sitios de recreo, aseguran que muy cerca de allí también se encuentran ubicados algunos propietarios de lujosas edificaciones, en las que habitan militares y particulares, a quienes no se les sugiere evacuación alguna, pese a estar en la misma zona que las Fuerzas Militares tildan de riesgosa. Así dicen constatarlo, a su vez, delegados de Yira Castro, quienes han hecho presencia en el terreno desde hace algún tiempo.

Según el organismo, gran parte de los alegatos de los campesinos han ido a parar a archivos inactivos de la institución militar, debido a que las quejas instauradas ante la Defensoría Provincial del Pueblo de de Girardot, Cundinamarca, van a parar a la Oficina de Control Interno del Batallón de Tolemaida.

La Corporación Yira Castro asegura haber recibido relatos sobre los excesos cometidos por algunos militares contra los campesinos; aparte de la instalación de retenes al ingreso de las veredas, dice, no se les permite el libre tránsito de alimentos, elementos de construcción, sustancias químicas o herramientas para el desarrollo de actividades agrícolas e incluso el arribo de acompañantes, aún cuando se trate de sus familiares.

En 2010, tantos los militares como los campesinos se encargaron de ir poniendo en conocimiento de otras autoridades la ocurrencia de esta confrontación. El asunto, del cual ya fue enterado la Alcaldía de Nilo y la Personería, ya es de conocimiento de organismos de control disciplinario y fiscal, así como la Presidencia y hasta el Congreso de la República.

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