Caso SaludCoop: ahora el Estado es el que debería pagar indemnización

La EPS, intervenida hace nueve días por la Supersalud, podría demandar al Estado por violación al debido proceso en un pleito por $627.000 millones.

Lo que comenzó como un proceso para cobrarle a la EPS SaludCoop una millonaria multa por haber destinado $627.000 millones de la salud de sus afiliados en la adquisición de activos y de infraestructura, podría terminar en una demanda millonaria pero en contra del Estado por supuesta violación al debido proceso en la investigación contra la citada entidad.

La historia se remonta a 2010 cuando el entonces superintendente de Salud, Mario Mejía Cardona, le ordenó a la EPS la devolución del dinero porque el uso que se le había dado reñía con los objetivos misionales de las entidades prestadoras de salud. El litigio quedó luego en manos de Conrado Gómez, sucesor de Mejía, quien hace tres meses detectó irregularidades en el procedimiento contra la EPS. Para subsanarlas, Gómez buscó una conciliación en la que el ente de vigilancia acordaba revocar las dos resoluciones que obligaban a la EPS a restituir  el dinero, a cambio de que Saludcoop no la demandara por los vicios en el proceso.

Ayer ese intento por lograr una salida amistosa se quedó sin piso cuando el Tribunal Superior de Cundinamarca declaró inviable la conciliación, hecho que en principio fue interpretado como una orden a la EPS para que restituyera los $627.000 millones. Pero no es así. Gómez aclaró este viernes que esta decisión no implica la entrega de bienes de la EPS al Estado y que si así fuera habría que emprender otra serie de procesos, debido a que SaludCoop está siendo intervenida por el Estado en este momento. Incluso, señaló que de ser así el Estado ya sería dueño de Saludcoop porque los $627.000 millones equivalen al valor actual de la EPS.

Aportes a campañas

SaludCoop es también protagonista hoy de un escándalo político que compromete a los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical. Según denuncias del Polo Democrático la EPS, a través de la entidad cooperativa de ahorro y crédito Progressa, hizo donaciones económicas a las campañas de estos tres partidos a comienzos de 2010. El Polo ya se atrevió a denominar este escándalo como la “SaludCoopolítica”.

Aunque en principio el aporte de una entidad privada a las campañas políticas no constituye hecho delictivo ni falta grave, lo que las autoridades deben investigar ahora es hasta dónde es cierto que dichos recursos provenían de una cooperativa de ahorro y cuál es el nexo real entre esta y Saludcoop.

Los denunciantes aseguran que Progressa es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita el 17 de julio de 1997 ante la Cámara de Comercio de Bogotá y que hasta agosto de 2001 se denominó Fondo de Empleados de SaludCoop (FonsaludCoop), e hizo generosas donaciones a esas tres colectividades, así: Partido Liberal, $60 millones; Partido Conservador, $40 millones; y Cambio Radical,  $30 millones. Todas, donaciones respaldadas en escrituras públicas suscritas en la Notaría 28 del círculo de Bogotá.

Además de la entrega de dineros propiamente dicha el Polo Democrático enfatiza en la relación de parentesco entre algunos de los representantes de la entidad aportante con dirigentes de jerarquía de los partidos que recibieron los recursos. En particular se refieren al caso de Enrique Vargas, hermano del hoy ministro del Interior Germán Vargas Lleras. “Es miembro de la junta de Cafesalud, filial de SaludCoop, que realizó una donación de $100 millones a Cambio Radical para la época electoral del año pasado”, señala el documento presentado por el Polo.

El primero en darle la cara a esta denuncia fue el director de Cambio Radical, el representante Germán Varón Cotrino, quien aceptó que el partido recibió estos aportes pero no directamente de SaludCoop sino de una de las cooperativas que integran el grupo. Además aclaró que por ley los partidos políticos tienen la posibilidad de recibir donaciones, y que éstas son viables “siempre y cuando no vengan de actividades ilícitas”.

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