Causas judiciales que podrían complicar a Lagarde

El pasado 10 de mayo el fiscal general de la Corte de Casación pidió a la CJR que investigue la "regularidad, véase la legalidad" del acuerdo arbitral alcanzado por la venta del grupo Adidas en 1993.

La nueva directora general del FMI, Christine Lagarde, aguarda la evolución de varios procedimientos que podrían obligarla a dar explicaciones a la justicia francesa, muchos de ellos vinculados al caso del empresario Bernard Tapie.

La Corte de Justicia de la República (CJR) decidirá el 8 de julio si abre una investigación contra Lagarde, ministra de Economía en el gobierno del presidente Nicolas Sarkozy, ahora designada al frente de Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pasado 10 de mayo el fiscal general de la Corte de Casación, Jean Louis Nadal, pidió a la CJR que investigue la "regularidad, véase la legalidad" del acuerdo arbitral alcanzado tras un litigio judicial entre Tapie y el Estado por la venta del grupo Adidas en 1993.

El alto magistrado reprocha a Lagarde haber recurrido a un arbitrio judicial cuando había dinero público en juego, desoyendo el consejo de varios especialistas.

La Comisión puede desestimar la demanda, pedir información suplementaria o autorizar una investigación. En ese caso, el procurador debe llevar el caso de inmediato ante una comisión de instrucción.

Pero por una coincidencia de calendario, el procurador Nadal se jubila el jueves de esta semana y Lagarde podría ganar unas semanas hasta la designación de un sustituto.

La comisión de instrucción, integrada por tres magistrados de la Corte de Casación, podría a su vez considerar que hay sospechas fundadas como para dejar el caso en manos de la CJR, que tiene por función juzgar crímenes y delitos de miembros del gobierno durante el ejercicio de sus funciones.

Esa investigación sería larga y el inicio de un eventual juicio podría tardar años. Desde su creación en 1993, la CJR examinó más de mil denuncias y juzgó a seis ministros.

Lagarde podría verse salpicada también por una investigación abierta a mediados de junio por la fiscalía de París sobre el desempeño de altos funcionarios que trataron el fallo arbitral del caso Tapie.

Esa pesquisa por "abuso de poderes sociales" no involucra directamente a Lagarde aunque deja implícitamente en la mira a Jean-François Rocchi, presidente del Consorcio de Realización (CDR), una entidad pública depositaria de los activos tóxicos del ex banco Crédit Lyonnais.

La fiscalía también investiga a Bernard Scemama, un ex presidente de EPFR, organismo que controlaba al CDR.

Rocchi y Scemama aplicaron la decisión de la ministra de recurrir en 2007 a un arbitraje para resolver el litigio entre Tapie y el Crédit Lyonnais.

Un tribunal arbitral condenó en julio de 2008 al CDR a pagar a Tapie cerca de 400 millones de euros: 240 millones de indemnizaciones, unos 100 millones de intereses y 45 millones por perjuicios morales.

Tapie creía al iniciarse el juicio que recibiría de 20 a 25 millones, pero según algunos parlamentarios recibió efectivamente más de 200 millones.

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