Celadores e informantes

Se trata de la inclusión en el Plan de una de las estrategias en seguridad implementadas en el mandato Uribe.

En el Capítulo Quinto del Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Consolidación de la paz”, se establecen una serie de disposiciones tendientes a promover programas y políticas de seguridad nacional, en especial, en el área de fortalecimiento y tecnificación de la Fuerza Pública. Dentro de este apartado, en el literal e, quedó plasmada una polémica propuesta que consolida la creación y el apoyo a una red de informantes constituida a través de las agencias de seguridad privadas en el país.

Se trata de la concreción en la ley que marca la hoja de ruta del Gobierno de un proyecto que impulsó en su momento el expresidente Álvaro Uribe, cuando a través del decreto 3222 de 2002, se crearon las Redes de Apoyo y Seguridad Ciudadana en Colombia, “con el propósito de enlazar los servicios de vigilancia y seguridad privada con la Policía Nacional, como estrategia para prevenir y evitar la comisión de delitos”.

En ese momento hubo un gran revuelo por el pago a la ciudadanía para cooperar con las autoridades y no hubo consenso respecto a cómo se denominaría a esas personas: informantes, cooperantes o vigilantes. La en ese entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, explicó que los informantes son ocasionales, mientras que los cooperantes son permanentes y hacen parte de redes como los frentes de seguridad local. Y el general Héctor Castro, subdirector de la Policía, admitió un problema semántico: “En esencia todos informan, pero el informante ocasional se va, mientras que el cooperante y el vigilante mantienen contacto permanente con las autoridades, y en algunas oportunidades pueden recibir recompensas”, dijo.

Hoy, en dicho literal e, titulado “Ciudadanía activa y responsable”, se establece que en pro de la seguridad urbana se hace necesaria la vinculación de la ciudadanía como un actor activo de las fuentes de información de la Fuerza Pública y abre la puerta para la consolidación de esa red de vigilantes-informantes. Sin embargo, no aclara si habrá pago por el cumplimiento de dichas funciones. El parágrafo explica que con la coordinación de la Policía y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, “se permitirá aprovechar la información suministrada por los más de 190 mil guardas de seguridad y los medios técnicos de los servicios de vigilancia existentes en el país”.

Un balance presentado en octubre pasado por la Superintendencia sobre los resultados operativos que arrojan las redes en las diferentes ciudades y departamentos del país, reveló que en esos diez meses de 2010, la información reportada por los servicios de vigilancia y seguridad privada le permitieron a la Policía capturar delincuentes, recuperar vehículos hurtados, incautar drogas ilícitas y evitar actos terroristas.

El informe habla de la existencia de 44 Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, que entregaron cerca de 41 mil reportes, gracias a los cuales, se capturaron 1.018 personas, decomisaron 171 armas de fuego, recuperaron 283 vehículos, más de 1.200 millones de pesos en mercancías, y se incautaron 362 gramos de cocaína y 3.339 de marihuana.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se ha dedicado a hacer visibles las redes con el ánimo de generar apoyos y sinergias que conduzcan a mejorar aún más los resultados y en la actualidad se está iniciando el proceso de ajuste que involucra temas como el de la revisión de la capacitación que reciben los vigilantes y guardas, además de un plan especial de incentivos y reconocimientos, ya sean académicos o de promoción laboral.

Para el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Guillermo Rivera, la propuesta incluida en el Plan de Desarrollo tiene un propósito valioso y es “utilizar la información que pueda surgir de los vigilantes para que sea remitida a  las autoridades”. Sin embargo, reconoce que existe el riesgo de crear un puente entre ciudadanía y autoridades a través de las empresas de vigilancia privada, “lo cual puede terminar siendo utilizado para fines perversos”.

El también representante Hernando Hernández, de la Alianza Social Indígena, advirtió que la sociedad civil no debe ser vinculada en propósitos de inteligencia militar. “En ese apartado denominado de ‘Consolidación de la Paz’ no se encuentra una sola iniciativa que apunte a abrir caminos para conseguir una paz negociada, sino que por el contrario está orientado a fortalecer las estructuras de la Fuerza Pública. Es una falta a la promesa que Santos nos hizo desde el día de su posesión y esto lo que hace es incentivar la guerra vinculando a la sociedad civil”, agregó.

Iván Cepeda, representante del opositor Polo Democrático —por su parte— sostuvo que la propuesta es la continuidad de la política de seguridad democrática en términos de ceder la potestad del Estado de monopolizar la fuerza, de hacer investigaciones y de perseguir con medios legítimos a quienes integran grupos ilegales. “Si se delega esta función del Estado en particulares y en civiles, da lugar a nuevos ciclos de violencia. Así ocurrió con los grupos paramilitares, con la política de recompensas y las redes de informantes fundadas por el expresidente Uribe y así puede ocurrir con ese capítulo del Plan”, dijo Cepeda.

El meollo del asunto es que esta vez se trata de una propuesta respaldada en el Plan Nacional de Desarrollo con sus propios argumentos: “Reducir la violencia y la criminalidad es una labor de largo plazo que sólo es factible con una vinculación activa de la ciudadanía. Asimismo, es una responsabilidad de la sociedad, por eso debe procurarse la vinculación de todos los actores sociales pertinentes”.

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