Cerca de $11 mil millones están en riesgo por atraso en obras

La advertencia fue hecha por la Contraloría de Bogotá.

La Contraloría de Bogotá advirtió al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) un retraso de ocho meses en las obras que se adelantan en las localidades de Santa Fe, Candelaria, San Cristóbal y Rafael Uribe, que ponen en riesgo $10.905 millones por el manejo del anticipo girado al contratista.

El contrato 071, suscrito en diciembre 30 de 2008 con el consorcio Unión Temporal GTM, tiene como fin realizar las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del Distrito de Conservación del Grupo 3 (Suroriente) y la construcción de la obra de valorización correspondiente a la Avenida Santa Lucía, entre Avenida Jorge Gaitán Cortés y la Avenida General Santander.

Esta obra, pactada para terminarse en agosto de 2012, tuvo un costo inicial de $87.398 millones; sin embargo, luego de dos adiciones, el valor actual del contrato asciende a los $93.386 millones.

Del anticipo del 20% pactado en el contrato se giró el 13%, es decir, $10.905 millones; de acuerdo con los registros revisados por los auditores del ente de control, de éste sólo $4.316 millones se encuentran amortizados a 31 de enero de 2011 y queda por amortizar el 60% del mismo, que equivale a $6.589 millones.

El consorcio Unión Temporal GTM estaba compuesto inicialmente por las empresas Grandi Lavori Fincosit S.A., Translogistic S.A. y Constructora INCA Ltda. Luego, tras una cesión parcial realizada el 30 de abril de 2010, Translogistic S.A. cedió su 40% a las empresas H&H Arquitectura S.A. y al Grupo Franco Obras y Proyectos S.L.

Para la Contraloría de Bogotá es claro que esta cesión además de resultar inconveniente e ineficiente, pues la ejecución de las obras presenta un atraso acumulado del 41%, se otorgó, por parte del IDU, en contravía de las normas e intereses del Estado. En este sentido, el ente fiscalizador analizó aspectos como:


  • No se argumentaron las causales previstas en el artículo 9 de la Ley 80.
  • Las solicitudes reiteradas de la empresa Translogistic S.A. no tienen una motivación, ni explican, argumentan o justifican cuáles son las causas que no les permite ejecutar el contrato.
  • El contrato presentaba un atraso del 50%.
  • No es aceptable que en un contrato que tiene procesos de multa en curso por incumplimientos, se autorice la cesión, permitiendo eludir, evadir y quedar exonerado de pagar las obligaciones derivadas de dicha gestión.
  • No se puede convertir la figura contractual de la cesión en una salida para eludir el cumplimiento de obligaciones adquiridas.

Para la contralora de Bogotá (e), Mónica Certáin, la cesión del contrato no es obligatoria para la entidad estatal, pues ésta debe analizar si es procedente jurídicamente, si le conviene a la entidad pública y si cumple con los fines de la contratación estatal.

Y es que desde marzo de 2010, un control de advertencia del organismo fiscalizador ya había indicado al IDU los atrasos e irregularidades frente al control y seguimiento del dinero entregado en calidad de anticipo, así como la baja ejecución de las obras y el abandono y paralización de los frentes intervenidos", señala el informe de la Contraloría.

"Igualmente, la Contraloría de Bogotá advirtió en su momento la falta de gestión del IDU para atender oportunamente los requerimientos frente a la imposición de multas al contratista por sus innumerables incumplimientos y manifestó su preocupación por la situación actual del contrato, pues aunque se hizo una cesión parcial del mismo aún persisten los atrasos".

Precisamente el mal manejo del anticipo y el atraso de las obras, propiciaron que la Contraloría de Bogotá abriera en el primer semestre de 2010 un proceso de responsabilidad fiscal.

La Contraloría de Bogotá dio plazo al IDU de 10 días hábiles para conocer las acciones que se adoptarán con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas físicas propuestas y mitigar los inconvenientes causados a los ciudadanos.