Cerco legislativo a cárceles

Aunque el proyecto busca controlar comunicaciones, dice que no se trata de interceptaciones, sino controles, y se permitirá la adquisición de los inmuebles aledaños a los centros de reclusión.

Las denuncias de corrupción que llevaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a ocupar los primeros puestos en la lista de la intervención que pondrá en marcha el Gobierno a través de la ley de facultades especiales, y los excesos que se permiten a los detenidos en las prisiones militares, son las situaciones en medio de las cuales el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, radicó ayer en la Cámara de Representantes el proyecto de Código Penitenciario.

Para ponerles límites a algunos beneficios, la iniciativa propone que los permisos excepcionales de 72 horas y 15 días continuos, que se conceden a los internos sin vigilancia, en adelante cumplan una lista de condiciones: concepto favorable del Consejo de Disciplina, haber descontado mínimo la tercera parte de la pena decretada en la sentencia condenatoria, no tener otro requerimiento de autoridad judicial, no registrar fuga ni tentativa de fuga durante el desarrollo del proceso ni en la ejecución de la condena, haber sido calificado con conducta buena o ejemplar durante los tres últimos consejos de disciplina y estar clasificado en la fase de tratamiento semiabierta.

El proyecto, además, pretende que en todas las cárceles del país existan salas que permitan la realización de audiencias virtuales y la posibilidad de que el Inpec solicite la comparecencia virtual del interno a las respectivas audiencias, cuando existan razones de seguridad, orden público, costos o salubridad que así lo aconsejen.

Teniendo en cuenta que desde las cárceles muchos presos siguen delinquiendo con la facilidad del uso de teléfonos celulares, el proyecto pone en marcha la implementación de dispositivos que permitan la interrupción de las comunicaciones no autorizadas, que de forma clandestina realizan los internos, muchas veces con el ánimo de delinquir.

Según el Ministerio, sin recurrir a la interceptación de las comunicaciones, sino con la idea de llevar control sobre las llamadas, habrá un registro para identificar qué interno realizó una llamada, a quién llamó y cuánto duró la conversación.

Los servidores públicos del área administrativa y los particulares que presten servicios públicos dentro de los establecimientos de reclusión tendrán una amplia lista de prohibiciones: tener relación o trato con los detenidos, excepto en lo que sea estrictamente necesario; ingresar bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes; armas distintas a las propias del servicio, dinero y elementos de comunicación no autorizados; aceptar dádivas, homenajes, préstamos o efectuar un negocio con los detenidos, condenados o con personas hasta dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, cónyuge o compañero permanente de aquellos.

Por otra parte, a los internos no se les permite ejercer proselitismo, ni hacer propaganda o tener elementos que inciten a la participación en grupos al margen de la ley.

El proyecto, además, dice que el espacio penitenciario y carcelario comprende no sólo la planta física del respectivo centro de reclusión, los terrenos de su propiedad o posesión que la circundan y aquellos que le sean demarcados, sino sus alrededores.

“Será de utilidad pública y de interés social la adquisición de los inmuebles aledaños a los establecimientos de reclusión, necesarios para garantizar la seguridad del sitio, de los internos y de la población vecina. En estos casos, el Gobierno Nacional podrá efectuar la expropiación por vía administrativa, previa indemnización, la cual estará sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio”, dice la iniciativa.

Se crea un estricto sistema de redención de penas por estudio, basado en logros y no simplemente en horas de asistencia. “En el futuro sólo el interno que obtenga los logros en los distintos programas académicos podrá ser beneficiario de redenciones de penas por estudio”, explicó Vargas Lleras.

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