Chile: acusan a 18 exejecutivos de La Polar, por escándalo de créditos

La empresa, con casi 9.000 empleados y operaciones también en Colombia, cambió su plana ejecutiva tras el escándalo y mantiene en marcha un plan de compensaciones para sus clientes afectados.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) acusó a 18 ex ejecutivos de los almacenes La Polar y a la auditora externa PwC, por las malas prácticas crediticias que afectaron a más de 400.000 clientes y provocaron un escándalo financiero en Chile.

El ente regulador informó en un comunicado que "resolvió formular cargos por presunta infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con las obligaciones que les imponen a los directores y ejecutivos de sociedades anónimas abiertas y a las empresas de auditoría externa".

La SVS acusó a 18 ex ejecutivos "por haber proporcionado y certificado información no veraz sobre la situación financiera de la empresa" y "por el eventual uso de información privilegiada por parte de algunos de los inculpados", que vendieron acciones de la compañía antes que estallara el escándalo.

La acusación alcanza a Pablo Alcalde, ex gerente general de la empresa entre 1999 y 2009 y que luego se desempeñó como director.

La SVS acusó también a la empresa de auditoría PriceWaterHouseCoopers (PwC), que visó los resultados financieros de la empresa durante el ejercicio de 2010, sin advertir las anomalías.

El escándalo estalló hace un mes, luego de que la compañía -amenazada por una denuncia colectiva de consumidores- reconociera prácticas ilegales en el manejo de los créditos de más de 400.000 clientes.

La empresa reprogramaba varias veces las deudas morosas de sus clientes, en un mecanismo que les permitía aumentar considerablemente el monto de la deuda pero haciéndola aparecer en sus estados financieros como 'al día'.

Eso les permitió mejorar sus estados financieros y con ello incrementar el valor de las acciones de compañía, que tras el escándalo de desplomaron, afectado a cientos de inversores.

La empresa, con casi 9.000 empleados y operaciones también en Colombia, cambió su plana ejecutiva tras el escándalo y mantiene en marcha un plan de compensaciones para sus clientes afectados.

 

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