Cinco años tras la despenalización

HACE CINCO AÑOS LA CORTE Constitucional despenalizó el aborto en circunstancias excepcionales, al considerar indebido el artículo del Código Penal que castigaba con pena de prisión a la mujer que interrumpiera voluntariamente su embarazo por cualquier razón.

En concreto, la Corte prohibió, desde el 12 de mayo de 2006, encarcelar a las mujeres que abortaran cuando su embarazo hubiera sido el resultado de una violación, cuando se pusiera en riesgo su salud física o mental y cuando el feto tuviera malformaciones graves. No obstante, a pesar de ser éste un paso sin precedentes en la defensa de los derechos humanos en el país, la implementación de la sentencia ha sido difícil. Al parecer, no hemos sabido entender que tal despenalización conlleva al derecho inmediato de las mujeres de acceder, en las tres causales, a los servicios que garanticen la práctica segura de su aborto. Es más, justo ahora se corre el riesgo de un retroceso: la Iglesia Católica, junto al Partido Conservador, han comenzado a recoger firmas para modificar la Constitución y reversar el trascendental fallo.

Con tal pretensión, como muchas más encaminada a entorpecer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres —basta recordar su histórica traba al uso de los métodos de anticoncepción y su tradicional resistencia a que se instruya de estos temas en los colegios—, surge, sin embargo, un importante debate acerca de los límites del Legislativo. Un debate que quedó claro en Europa con los horrores del Holocausto, pero cuya enseñanza parece no haber llegado lo suficientemente lejos: la voluntad de la mayoría llega hasta donde empiezan los derechos de las minorías. Derechos, que no son otros que los bien llamados Derechos Humanos y en los que se incluyen, por demás, los derechos de la mujer. Ningún derecho es absoluto, cierto, y de aquí la discusión genuina en torno a su ponderación. En este caso, ¿en qué circunstancias prima la vida del feto, en qué circunstancias el derecho del niño a una vida digna, en qué circunstancias la salud de la madre y en qué circunstancias la potestad de la mujer —que no sólo es madre— sobre su cuerpo?

En Colombia, siguiendo los mecanismos institucionales y a partir de la defensa de los derechos fundamentales, la Corte Constitucional hizo hace cinco años esta ponderación. Hay quienes dirán, como sucede siempre que la Corte sale a defender a las minorías —y las mujeres son, en efecto, una minoría política—, que de lo que se trata es de la sustitución de la democracia por el imperio de los jueces. Sin embargo, tal imperio hace parte de la democracia. No en vano el llamado control de los poderes. Hay límites a la voluntad popular. Como hay límites a las convicciones de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. De aquí que no se entienda por qué el procurador Alejando Ordóñez, en lugar de obligar a hospitales y EPS a garantizar el derecho de las mujeres a abortar en los tres casos despenalizados, como está establecido que es su deber, se haya dedicado a hacer justo lo contrario.

Mientras tanto, según los últimos datos disponibles del DANE, en el 2008 la mortalidad por abortos mal practicados registraba 7.3% de todas las muertes maternas. Cifras, que como lo deja claro un reciente reporte de DeJusticia, presentan cerca de un 13% de subregistro. No es para menos. Si bien se realizan en el país alrededor de 650 abortos legales por año gracias a la nueva legislación, 300 mil se practican, por falta de voluntad política, todavía en la clandestinidad. Esto es, más del 99.94% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen sin las condiciones adecuadas en detrimento del bienestar de las mujeres. Uno, que “a la mayoría” y al procurador parece no importarles.

 

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