Colectivo de Abogados José Alvear devuelven seguridad oficial ante amenazas

Denunciaron que persisten los seguimientos ilegales contra sus miembros.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), una de las más importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, devolvió el cuerpo de seguridad oficial tras denunciar que persisten los seguimientos ilegales contra sus miembros.

"El Estado no ha dado cumplimiento a las medidas políticas de protección, mientras que las medidas materiales han sido precarias, e incluso usadas para hacer inteligencia ilegal en nuestra contra", denunció el director ejecutivo del CAJAR, Alirio Uribe, en una rueda de prensa.

Uribe, además, anunció el envío de una carta al presidente, Juan Manuel Santos, en la que se explica la devolución del esquema oficial de seguridad asignado por el Gobierno.

El Gobierno colombiano atendía una medida cautelar de protección solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y había asignado cuatro vehículos blindados y seis agentes conductores.

El CAJAR tenía así, de cuenta del Estado y a petición de la CIDH, a los agentes y vehículos del cuestionado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad acusada de seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, políticos, defensores de derechos humanos y periodistas.

Según Alirio Uribe, acompañado ante la prensa por Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), los abogados del colectivo, como muchas otras organizaciones colombianas, son "objeto de una guerra jurídica y política" por parte del Estado y de sus organismos de seguridad.

Uribe señaló que las amenazas e intimidaciones alcanzan a todos los defensores de los derechos humanos en Colombia, así como también a funcionarios de agencias de las Naciones Unidas en el país e incluso de embajadas.

Estas amenazas, que se registran desde hace muchos años, arreciaron durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y no cesan en el de Santos, dijo Uribe, "provienen en prácticamente todos los casos de grupos paramilitares" de la ultraderecha armada.

"El CAJAR hacia futuro no aceptará medidas de protección que provengan del DAS o cualquier otra entidad que desarrolle actividades de inteligencia", señalaron los letrados.

Uribe explicó que los esquemas de seguridad "eran defensivos, nunca ofensivos", y que solo permitieron vehículos blindados pero no hombres con armas.

Los abogados señalaron que en esa situación se encuentran otras organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso que a muchos de sus miembros les han hecho seguimientos ilegales fuera del país.

"En muchas ocasiones el DAS sabía con antelación de nuestros viajes al exterior y tenían ya la agenda de nuestras actividades antes que nosotros mismos en otros países", precisó el secretario de la FIDH.

Según los dos abogados, el DAS hizo seguimientos a integrantes de su organización y de otras similares "en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en todo el mundo (...)".

Los letrados del CAJAR confían en que el presidente Santos los reciba para definir con él "un esquema integral de seguridad".

El CAJAR, por otra parte, reveló que presentará un recurso de amparo contra la fiscal general, Viviane Morales, quien se ha negado reiteradamente a recibir a algunos de sus miembros precisamente para discutir sobe su seguridad y sobre el curso de procesos contra los más de 600 afectados por los seguimientos ilegales del DAS.