Colombia aceptará cumplimiento en su territorio de condenas de la CPI

El gobierno firmará un principio de acuerdo con el que aceptará que algunas condenas de ese tribunal sean cumplidas en su territorio.

El gobierno de Colombia firmará con la Corte Penal Internacional (CPI) un principio de acuerdo con el que aceptará que algunas condenas de ese tribunal sean cumplidas en su territorio, aseguró el martes en Bogotá el presidente del organismo, el surcoreano Sang-Huyn Song.

"Vine a Colombia por invitación del presidente (Juan Manuel) Santos para hablar de temas de interés mutuo y firmar un acuerdo para que en el evento que una persona tenga una sentencia de la CPI, ese individuo pueda cumplir la sentencia en este país", aseguró Song.

"Cuando alguien es condenado por la CPI, debe cumplir una pena de cárcel. En ese caso, la CPI debe encontrar un país que acepte que esa persona pague la sentencia en su territorio", explicó en declaraciones a la radioemisora La FM.

"Se va a firmar el marco legal del acuerdo y después comenzaremos a negociar los detalles", añadió el presidente de la CPI -que llegó la noche del lunes a Bogotá donde permanecerá hasta el miércoles.

En Bogotá, Song se encontrará con magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la Fiscal General, Vivian Morales y con el procurador Alejandro Ordoñez. También dictará una conferencia "para crear conciencia sobre la importancia de la CPI", precisó.

Song también analizará los avances de la ley de Justicia y Paz, que beneficia a los desmovilizados de los grupos armados ilegales con penas de hasta ocho años de prisión, como máximo, a cambio de que confiesen sus delitos y reparen a las víctimas.

La ley fue aprobada en 2005 como parte de la negociación de paz entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y los paramilitares.

La negociación concluyó en 2006 con la desmovilización de unos 32.000 combatientes de esas organizaciones. En 2008, 13 de los más importantes jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos, donde se les acusa por narcotráfico.

En desarrollo de la ley solo ha sido emitida una condena contra dos ex jefes paramilitares por la masacre de 11 campesinos en marzo de 2000.