Colombia se rajó en D.H.

El último informe de derechos humanos de Amnistía Internacional habla de pocos avances de la justicia y de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Grupos guerrilleros, paramilitares y fuerzas de seguridad fueron responsables de abusos graves y generalizados contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. Y las comunidades campesinas y urbanas pobres siguieron sufriendo la peor parte del conflicto armado colombiano. Estas consideraciones forman parte del capítulo sobre Colombia que está incluido en el informe anual que presentó este jueves Amnistía Internacional en Londres sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2010.

De acuerdo con el reporte, a pesar de la “postura menos hostil”, con respecto del gobierno anterior, que adoptó el presidente Juan Manuel Santos frente a la defensa de los derechos humanos, el balance de 2010 no es nada alentador.

Sólo el año pasado en el país hubo 280.000 personas desplazadas forzosamente, frente a las 286.000 que hubo en 2009, según el informe. También los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas fueron blanco directo de hostigamientos. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia  (ONIC), en 2010 murieron de forma violenta aproximadamente 122 indígenas y las masacres fueron en aumento, reportó Amnistía Internacional.

También quedó consignado en el reporte la preocupación que tiene esta organización por el especial riesgo que corrieron durante 2010 los líderes que luchan por la devolución de las tierras apropiadas ilegalmente por actores armados. Amenazas y asesinatos que pusieron en riesgo los esfuerzos del Gobierno de devolver dos millones de hectáreas despojadas.

A la vez, el documento señaló los reparos que tiene esta organización sobre el proceso de Justicia y Paz. Señaló que ésta sigue incumpliendo las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sólo ha habido tres condenas impuestas en cinco años, y los paramilitares extraditados a Estados Unidos por cargos de narcotráfico han colaborado muy poco en los procesos que se adelantan en Colombia.

El movimiento internacional también reseñó como una grave vulneración a los Derechos Humanos el hallazgo de 446 cadáveres no identificados en un cementerio situado cerca de una base del Ejército en La Macarena en julio de 2010. Y la muerte, un mes después, de una mujer que participó de la reunión pública que ofrecieron varias ONG. Asimismo, criticó al entonces presidente Álvaro Uribe para denunciar estos hechos e indicó las continuas amenazas que recibieron personas que intentaron sacar a la luz pública los llamados “falsos positivos”. Sobre estos últimos el reporte indica que se siguieron presentando, aunque reconoce que en menor número que en años anteriores.

Para Amnistía Internacional la lucha contra la impunidad se vio menoscabada por las amenazas y los homicidios contra quienes intervenían en juicios de derechos humanos. Sin embargo, resaltó la importancia de dos sentencias: el fallo que condenó a seis soldados a penas de 40 años por el homicidio, cometido en diciembre de 2008, de Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena Aída Quilcué; y la sentencia a 30 años del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia.

Finalmente, el informe anual de Amnistia Internacional reconoció que los grupos paramilitares siguieron expandiéndose y mejoraron su organización con la connivencia de la Fuerza Pública en muchas partes del país durante 2010. Y las Farc y el Eln, aunque reducidos en número, siguieron perpetrando abusos graves contra los derechos humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

En cifras

122 indígenas murieron de forma violenta en 2010, según lo reportó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Esta cifra fue reseñada por Amnistía Internacional en su informe anual. Catorce defensores de derechos humanos fueron asesinados y, según la Escuela Nacional Sindical, 51 sindicalistas murieron de forma violenta.

282 secuestros hubo en Colombia en 2010, según cifras del Gobierno y que retoma Amnistía Internacional en su informe anual, frente a 213 en 2009. “La mayoría fueron atribuidos a bandas de delincuentes, pero los grupos guerrilleros fueron responsables de la mayoría de secuestros relacionados con el conflicto”, sostiene el informe.