Condenado el general (r) Arias

A 35 años de prisión fue sentenciado el exoficial. La jueza 51 penal aplicó teoría de responsabilidad en cadena de mando. Se pidió a la Fiscalía que indague si el guerrillero Luis Otero fue desaparecido.

En aplicación de la teoría penal del autor mediato, según la cual la identificación del autor de un delito también se explica cuando hizo parte de una cadena de mando, una jueza penal del circuito de Bogotá condenó el viernes a 35 años de prisión y 20 años de interdicción de funciones públicas al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales. Se trata del segundo exoficial del Ejército y el primer general que resulta condenado por la desaparición forzada de 11 personas durante la recuperación militar del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

En una providencia de 358 páginas conocida por El Espectador, la jueza María Cristina Trejos concluyó que, haciendo uso de las teorías legales y los estándares internacionales de investigaciones de Derechos Humanos, es viable aceptar que el general (r) Arias fue la cabeza visible del operativo militar para recuperar el Palacio de Justicia y por eso es responsable de los excesos que se cometieron en dicha acción. Por encima suyo sólo estaban los comandantes del Ejército y las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa y el presidente.

La jueza destacó que si bien no existe prueba que señale al general (r) Arias como el ejecutor directo de las desapariciones, no cabe duda de que “informada y voluntariamente prestó su concurso eficaz para la realización del punible”. Es decir, que de acuerdo con la teoría de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder, que se aplicó por primera vez para juzgar al criminal nazi Adolf Eichmann, el general (r) Arias no puede eludir la responsabilidad de lo que pudo hacer el personal que estaba bajo su mando.

Y está probado que él, personalmente, impartió instrucciones como comandante del operativo, entre ellas instalar un puesto de mando avanzado en la Casa del Florero, a donde eran remitidas las personas que salían vivas del Palacio de Justicia. Más aún cuando a aquellas personas que se les consideraba sospechosas, en vez de ser puestas a órdenes de la Policía para aclarar su identidad, se les sometía a largos interrogatorios e incluso algunas fueron llevadas de manera arbitraria a unidades militares, con anuencia de él como superior.

Una evidencia contundente de éstas arbitrariedades la constituye la retención de los estudiantes universitarios Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, de quienes con certeza se supo que fueron rescatados del Palacio de Justicia y llevados a la Casa del Florero, pero después fueron sometidos a maltratos físicos y sicológicos en una dependencia militar a donde fueron conducidos después de ser interrogados. De alguna manera, algo parecido pudo suceder en el caso de las personas de las que nunca volvió a saberse su rastro.

Según la providencia, la autoridad en la Casa del Florero estaba a cargo del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien transmitía sus decisiones al jefe del Estado Mayor Luis Carlos Sadovnik. Por eso la jueza recalcó que resulta “inadmisible” pensar que estos dos militares actuaran aislados del resto de las unidades y con tal poder y decisión que pasaran por alto la jerarquía del general Arias Cabrales. Por el contrario, insistió la juez, si hubiera existido la prohibición de trasladar civiles a otras instalaciones, no se habría procedido de esta forma.

En consecuencia, la jueza concluyó que la conducta de Arias fue “iminentemente dolosa”, pues en vez de cumplir con el deber de verificar las actuaciones del personal bajo su mando para que no se violaran los Derechos Humanos, desbordó sus funciones y obró con el único objetivo de derrotar a quienes consideraba sus enemigos potenciales, “asumiendo a través de sus subalternos facultades para las cuales no se hallaba legalmente autorizado”. Con esta actitud, “defraudó la confianza de quienes esperaban la protección legal del Estado”.

En desarrollo de la investigación, la jueza Trejos detectó que algunos testigos al parecer incurrieron en el delito de falso testimonio y/o fraude procesal, por lo cual compulsó copias a la Fiscalía para que sean investigados. Se trata de los declarantes José Ignacio Posada, Gustavo Alonso Velásquez, Ariel Guillermo Valdés y Luis Armando Suárez. De igual manera, en razón a comunicaciones detectadas en las que presuntamente se habla de que el jefe guerrillero Luis Otero Cifuentes pudo salir vivo de Palacio, la jueza pidió a la Fiscalía que indague si también fue desaparecido.