Congreso exige respuestas por caso 'Tolemaida resort'

Se habla de moción de censura. Mininterior ofrece nueva cárcel de Guaduas para recluir militares.

El escándalo desatado por las revelaciones de la revista Semana sobre privilegios que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas retenidos en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida —condenados por homicidio, masacres, torturas y secuestros—, podría tener inciertas consecuencias políticas. En el Congreso de la República comenzaron a escucharse voces pidiendo que los ministros del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y de Defensa, Rodrigo Rivera, respondan por lo que consideran “reiteradas” irregularidades.

Tal es la molestia, que incluso congresistas que hacen parte de la Unidad Nacional reclaman respuestas inmediatas y hasta se ha rumorado la posibilidad de adelantar un debate de moción de censura contra los dos funcionarios. El senador Roy Barreras, del Partido de la U, declaró que “este país tiene que estrenar las mociones de castigo, de censura y de renuncia. Acá hay dos ministros que tienen que responder: el de Defensa, por su responsabilidad institucional en el caso Tolemaida, y el del Interior, quien tiene que decirnos qué normas penitenciarias aplican para delincuentes como estos”.

El presidente del Senado, Armando Benedetti, también de la U, ratificó esta solicitud, y aunque no promovió un debate de moción de censura, sí pidió respuestas inmediatas: “El Estado está haciendo cosas peores que las que combatimos. ¿Cómo es posible miembros de la Fuerza Pública que están acusados por delitos de lesa humanidad estén pagando condenas en sitios que parecen centros vacacionales? No puede ser que acá pensemos que son héroes quienes están detenidos por violación de los derechos humanos. No estoy pidiendo renuncias, pero sí respuestas”.

Por su parte, Vargas Lleras enfatizó que la posición del Ministerio es la que quedó consignada en el proyecto de reforma al Código Penitenciario, donde se estipula que no proceden centros de reclusión especiales para quienes cometen delitos comunes. “Por eso nosotros lo que hemos ofrecido, y esperamos que el Ministerio de Defensa lo considere, es el traslado de los miembros de la Fuerza Pública que están bajo custodia a la cárcel de Guaduas (Cundinamarca), que es un centro penitenciario nuevo con capacidad para 3.500 personas”.

Vargas Lleras reveló que en la actualidad hay 843 miembros de la Fuerza Pública detenidos en centros ordinarios de reclusión: 174 del Ejército, 648 de la Policía, 13 de la Armada y ocho de la Fuerza Aérea. A su vez, en los nueve centros especiales de reclusión que manejan las brigadas del Ejército aún hay 942 personas detenidas. “Para el Ministerio del Interior no es fácil involucrarse en temas que no son de su competencia, pero es conveniente el traslado para liberar a los batallones de esa carga y ejercer el control y vigilancia real sobre esos internos. Esa invitación ya la habíamos hecho, pero fue rechazada”.

Además de juicios de responsabilidad política, en el Congreso también comenzó a hablarse de la necesidad de una reforma de fondo al Código Penitenciario. “Estamos en mora de abordar esta discusión para evitar la existencia de esos establecimientos especiales, entre otras cosas porque son funcionarios públicos que tienen que preservar los derechos. Esto se debe ver reflejado no sólo en la cantidad de la pena, sino también en las condiciones como se cumpla. No tiene justificación que un militar que viole los derechos humanos cumpla su condena bajo condiciones especiales”, dijo el representante liberal Guillermo Rivera.