Consulta interna: fracaso político

EN 1990 SE UTILIZÓ POR PRIMERA vez la consulta interna en Colombia. Un mecanismo medular para las democracias en varios países, pero tradicionalmente secundario en el nuestro, donde, por lo demás, ni siquiera es obligatorio.

Algo que está bien si la unión, organización y transparencia de los partidos lo hace innecesario, pero este no es precisamente el caso de nuestras colectividades. De hecho, es tal su debilidad, que la consulta previa, pensada para fortalecer y legitimar los procesos democráticos, ha traído más daños que beneficios. El episodio del pasado domingo fue, cuando menos, penoso: según estimados de la Registraduría Nacional la participación sólo alcanzó 1 millón 100 mil electores, de los más de 12 millones habilitados. La jornada le costó a la Nación $80 mil millones. A esto se suma la falta de seriedad de algunos partidos que cancelaron su participación a última hora y a otros que ni siquiera se tomaron la molestia de informar su deserción.

Semejante desastre ha comenzado el debate sobre la conveniencia de eliminar definitivamente este mecanismo de participación. Sin embargo, aunque expresión visible, este es sólo un indicador de un problema más grave: las estructuras y prácticas de las colectividades. Unas que, por lo demás, parecen librarlas de toda responsabilidad, incluido el altísimo abstencionismo en las consultas. Es una vergüenza para los partidos el desempeño de los comicios y, por lo menos, unas cuantas renuncias en su interior espera ver el país tras lo sucedido. La apatía política de los votantes, a pesar de lo crónica y extendida, no alcanza a explicar una mísera votación de 1 millón 100 mil electores. Es que se trató de un total de 447 consultas, esto es, poco más de 200 votos por cada una en promedio. Para dar cuenta de tal resultado debe sumarse el deficiente trabajo electoral que realizaron los partidos.

Una negligencia que coincide con la reticencia de los líderes y las autoridades partidistas frente a la consulta popular interna. Han sido tres los argumentos en contra. El primero, populista, argumenta la preeminencia del invierno, sus estragos y otras necesidades en el presupuesto. El segundo, calculador, sostiene que las consultas no necesariamente llevan a elegir al candidato con mayores posibilidades de ganar en la contienda electoral. Y, el tercero, ahorrador, se queja de que las consultas dividen a los partidos causando un desgaste innecesario. Bajo cualquier luz, los argumentos son insuficientes para desmontar un instrumento de participación ciudadana. Nadie dijo que la democracia fuera fácil y no costara. Lo que sí está claro es que hay que rebajar el precio a la efectividad de los instrumentos y castigar a los partidos en sus fracasos.

Esto implica, o bien la más radical propuesta de hacer las consultas obligatorias, o bien la más moderada de reglamentarlas de forma que no se siga permitiendo el despilfarro con recursos públicos. El propósito de las consultas no es sólo elegir candidato, sino profundizar la democracia. No es insensato, por ello, pensar en sanciones monetarias para la colectividad que no llegue a cierto umbral de votantes. Es impresentable que se vuelvan a presentar participaciones del 6% de los electores habilitados. Y esto sin mencionar la tasa de deserción del 70% de los candidatos. De los 9.339 que se inscribieron, sólo 2.779 llegaron al final. Las consultas no son un juego y el país no puede ser tolerante con quienes las traten como si lo fueran. Si la Corte Constitucional aprueba la reforma política, los partidos serán obligados a registrar a sus afiliados para que no puedan participar en consultas de otras colectividades. Esto solucionaría una parte del desorden. Falta pensar cómo resolver todo lo demás.

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