Contraloría abre proceso contra directivos de Estupefacientes

El Centro Comercial Villa Country en Barranquilla fue vendido por $3.644 millones menos de su avalúo catastral.

La Contraloría General de la República anunció que halló merito para abrir proceso de responsabilidad fiscal contra el ex liquidador de Promociones y Construcciones del Caribe y Compañía S.A. (Promocom) y varios directivos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por presuntas irregularidades en el pago de honorarios y la venta de inmuebles que venían siendo administrados por el Fondo de Rehabilitación, Inversión social y Lucha contra el crimen organizado (FRISCO).

El presunto detrimento patrimonial alcanza los 4.414 millones de pesos, según la indagación preliminar adelantada por el Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, con base en la denuncia interpuesta por el director de la Dirección de Estupefacientes, según un comunicado de prensa.

 

Explica el informe de prensa del organismo de control que los hechos detectados como irregulares consisten en que la sociedad Promocom, sobre quien se emitió sentencia de extinción de dominio, inició proceso de liquidación en diciembre de 2007.

Desde abril de 2008 hasta septiembre de 2010, el liquidador ordenó y se cancelaron honorarios por sumas hasta 3 veces el valor máximo permitido para este tipo de procedimientos, acorde con las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Sociedades, cuantificándose dicho sobrecosto en 686 millones de pesos, destaca el comunicado de prensa.

Dice el informe que a pesar que los contratos suscritos con diferentes inmobiliarias, permitían el pago de la comisión por ventas solo hasta que se cancelara la totalidad del precio, el liquidador canceló la comisión completa sin tener en cuenta el valor de la venta. Por este concepto se calculó un posible daño patrimonial por la suma de 116 millones de pesos.

El Centro Comercial Villa Country en Barranquilla fue vendido por un valor inferior de su avalúo catastral, en contravía de las normas que rigen la administración de bienes extinguidos. Dicho daño se tasó en 3.644 millones de pesos.

Por tal razón y con fundamento en el artículo 40 de la Ley 610 de 2000, la Contraloría Delegada para Defensa dio traslado a la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, para que se de inicio al proceso de responsabilidad fiscal, dice el informe de prensa del organismo de control.

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