Contratación y anticipos, los problemas

Ninguno de los contratos de transporte masivo está cumpliendo con los cronogramas, afirman delegados de la Contraloría.

Se prendieron las alarmas en el sector de la ingeniería colombiana por la confirmación del ministro de Transporte, Germán Cardona, de que sólo se entregará el 10% de anticipos a las obras y porque Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, y Daniel Flórez, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), revelaron la existencia de demoras en el pago a los contratistas. Las dos causas, de acuerdo con los empresarios, le darían un golpe al desarrollo del país.

Caicedo Ferrer explicó que la decisión de los anticipos es antitécnica y que lo que debe hacer el Estado es implementar un mecanismo de control previo a los procesos de contratación y adjudicación. El dirigente envió una misiva al ministro Cardona en la que le pide reconsiderar esta medida, pues los más afectados serán los pequeños y medianos empresarios, quienes usualmente financian el despegue de los proyectos con estos anticipos.

En este mismo sentido, el presidente de la SCI, Daniel Flórez, señaló que el retraso en los pagos y la reducción de los anticipos cierra las puertas del sector financiero, ya que el anticipo es un soporte para financiar gran parte de los proyectos.

Por su parte, el nuevo director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Héctor Jaime Pinilla, recalcó que se requiere independizar a los interventores de los contratistas, con el fin de que exista transparencia en la decisión de hacer obras adicionales. Asimismo, recalcó que se deben tener controles previos y reales para evitar que las obras se demoren y esto perjudique a la comunidad.

Entre tanto, el delegado de Infraestructura de la Contraloría, Nelson Izaciga, denunció que ninguno de los contratos de transporte masivo está cumpliendo con los cronogramas. Hoy hay $5,8 billones en juego, de los cuales $3,7 billones han sido aportados por el Estado, es decir, el 70% de los recursos.

Respecto a las concesiones, el funcionario señaló que debe establecerse en los contratos hasta dónde son posibles las adiciones, puesto que se dan casos como el proyecto Córdoba-Sucre, que tenía un valor de $275 mil millones, la adición llegó a $825 mil millones, lo que incrementó el costo de la obra por encima del billón de pesos.

Por su parte, el ministro de Transporte, Germán Cardona, señaló que la mala estructuración y la mala contratación le ha dejado al país diversos problemas, muchos de los cuales llevan más de 10 años y no han sido superados.

Hoy el Inco tiene cinco procesos jurídicos por $132 mil millones, de los cuales dos aún no tienen definido el valor de la pretensión del concesionario. En la Aerocivil hay dos por $50.000 millones y en Invías hay 290 por aspiraciones de $650 mil millones, es decir, cerca de $850 mil millones, recursos con los cuales se podrían construir 200 nuevos kilómetros de vías en el país.

“Y no es que esté mirando el espejo retrovisor, sino que el país debe volver a la cultura de la buena estructuración, de los buenos diseños y de que los constructores digan la verdad cuando van a participar en una licitación, para evitar que ocurran estos problemas que llevan a la corrupción”, explicó el ministro Cardona.

“Tanto en el Gobierno como en el sector privado hay manzanas podridas que terminan dañando a las otras y esto es lo que tenemos que combatir. Por esta razón, no me voy a referir a concesiones en curso, lo que estamos haciendo es enviando la información que se requiere para buscar una salida que termine con los problemas”, aseveró.

Recalcó además que mantendrá la figura del 10% de anticipo: “Si los contratistas tienen que poner recursos propios, pues que los pongan, ya que no conozco a nadie que se robe su propio dinero. Y si tienen que acudir a la banca, pues que vayan”, concluyó.

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