Corrupción en contratación del Senado

A través de la ETB, el director administrativo de la Corporación, Omar Velázquez, habría otorgado millonarios acuerdos.

La decisión que tomó el presidente del Senado, senador Armando Benedetti, de suspender el proceso de contratación del arrendamiento de las camionetas de los parlamentarios, por recomendación de la Contraloría, fue el campanazo de alerta de las irregularidades que se están presentando con las negociaciones que se realizaron en la corporación. El organismo de control le ha venido realizando seguimiento a los contratos efectuados por el director administrativo del Senado, Omar Velázquez, y los hallazgos hasta ahora dejan ver un posible detrimento patrimonial con contratos millonarios hechos sin realizar licitaciones, apelando a la figura de acuerdos interadministrativos.

De acuerdo con el informe preliminar de la Contraloría y la denuncia de Benedetti, la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) se estaría empleando para triangular la contratación, aprovechando su condición de empresa pública y de este modo, las millonarias inversiones se habrían realizado sin el rigor necesario y con objetivos diferentes a los servicios que presta la ETB. “Lo que está sucediendo es que a través de contratos interadministrativos se está violando la contratación y la ETB se está prestando para esta vagabundería. En los últimos años se le asignaron a esta empresa $18 mil millones para contratación directa y ha habido problemas de sobrecostos y de incumplimientos. Me da pena que una empresa del Estado se preste para eso”, afirmó Benedetti.

Según explica el estudio de la Contraloría, que tendrá que ser aclarado por el director administrativo Omar Velázquez, se estaban entregando contratos a dedo para que la misma ETB asignara a quienes realizarían las intervenciones en el Senado. Benedetti explicó que la presunta irregularidad funcionaba así: “Usted manda la plata del Senado para la ETB y ésta puede contratar directamente porque es una empresa estatal de servicios públicos, con eso no existe licitación. Pero además hay sobrecostos, no se cumplen los efectos del contrato”.

Entre las cosas que detectó el organismo de control están: la adquisición de una plataforma tecnológica por un valor de $6.182 millones, con una adición posterior de cerca de $700 millones. Se incumplió con lo contratado; las memorias RAM instaladas en los computadores debían ser de 4 gigas; en una visita técnica la contraloría encontró que algunos equipos tenían 2 gigas. No se instalaron las barras de sonidos y no se cumplieron con especificaciones técnicas, no se ejecutaron en su totalidad las actividades contratadas.

Otro convenio con la ETB “para prestar una solución integral de servicios de telecomunicaciones” (compuesta por un servicio de valor agregado para la transmisión de datos, video y voz) fue firmado por un valor inicial de $232,3 millones mensuales incluido IVA. De este monto, $120,3 millones le corresponden al Senado, para un valor anual de $1.443,5 millones. El valor aproximado que pagará el Senado durante el plazo de ejecución ( aproximadamente seis años) es aproximadamente de $16.000 millones. En este contrato hay irregularidades como que los valores cancelados por este convenio se manejan en su totalidad por el rubro presupuestal de servicios públicos, no obstante incluir actividades que no están catalogadas dentro de este tipo de servicios como el arrendamiento de televisores, UPS y computadores. El alquiler de televisores es por $200 mensuales en un contrato a dos años, el costo de este convenio supera el valor de los televisores.

 

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