Corte abre investigación formal

La Corte Suprema decidió investigar a 14 congresistas y excongresistas por haber presuntamente influído en la designación de bienes incautados por la DNE .

Por un supuesto tráfico de influencias en la designación de bienes provenientes del narcotráfico, a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal en contra de los congresistas Lucero Cortés, Álvaro Asthon, Myriam Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Hernán Andrade, Óscar Fernando Brazo y los excongresistas Miguel Pinedo Vidal, Javier Cáceres, Luis Humberto Gómez Gallo, Enrique Caballero, Rufino Córdoba, Héctor Ospina, Jaime Yepes y Ómar Yepes.

La decisión, que se conoce un mes después de que la Procuraduría empezara investigación disciplinaria en contra de algunos de los parlamentarios mencionados, da cuenta de que el alto tribunal dio crédito a las evidencias que aportó la Fiscalía y que estaban basadas en informes de la Dijín de la Policía. Al parecer, dichas pruebas comprobarían un presunto carrusel de funcionarios públicos que terminaron administrando costosos bienes incautados al narcotráfico.

Estas evidencias, mencionadas por El Espectador en sus ediciones de 5 y 6 de diciembre del año pasado, demostraban, entre otras cosas, que la representante a la Cámara Lucero Cortés fungía como beneficiaria de cinco carros y dos fincas decomisadas a la mafia. Bienes que pasaron a ser administrados por la DNE y después, súbitamente, a depositarios relacionados con la excongresista.

También se conoció que el empresario barranquillero Armanio Alberto Iglesias Flórez, supuesto protegido del expresidente del Congreso Hernán Francisco Andrade, estaría manejando algunos bienes y sociedades de los señalados narcotraficantes Carlos Ernesto Saieh Jamis y Armando Jacobo Jaar Jassir, quienes por años figuraron como testaferros de Carlos Alberto Rentería y Raúl Grajales. Así se llegó a conocer que entre los bienes del Grupo Saieh estarían una inmobiliaria en Santa Marta y otros predios rurales y urbanos en Barranquilla y Baranoa (Atlántico).

Y aunque cada uno de los congresistas haya negado las denuncias en su contra, los investigadores del caso descubrieron que muchas de las propiedades incautadas a la mafia terminaron siendo el respiro para las finanzas de algunos parlamentarios, así como la fuente de financiación para la compra de votos en sus campañas y la obtención de curules en el Congreso. Y, según la investigación de la Dijín, fueron abogados los que intervinieron entre los congresistas y funcionarios de la DNE para la entrega de los bienes.

Uno de los últimos hechos que llamaron la atención de los investigadores tiene que ver con el manejo de bienes a cargo de terceros, específicamente del hotel Chinauta Resort, que pertenecía al narcotraficante Justo Pastor Perafán. Al parecer, y como lo reseñó este diario el pasado 3 de abril, el hotel, estaba siendo manejado por la exfuncionaria de la Cámara Zaira Villamil, bajo el respaldo del exsenador liberal Álvaro Ashton, hoy investigado por la Corte Suprema.