Corte evita expulsión de campesinos en hacienda 'Las Pavas'

Revocó la orden de desalojo emitida por la inspección de Policía de El Peñón, Bolívar.

La Corte Constitucional evitó el desalojo de varias familias campesinas que habitan la hacienda 'Las Pavas' en El Peñón, Bolívar, desdee hace 14 años, al revocar la orden de desalojo emitida por la Inspección de Policía de esa municipalidad.

En Sala de Revisión, la colegiatura determinó que este proceso no podía hacerse efectivo hasta tanto no se culminara con el proceso de extinsión del dominio sobre las tierras que adelantaba el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.

La finca pertenecía a Jesús Emilio Escobar Hernández, quien desde 1997 abandonó el predio; desde entonces, varias familias de campesinos pobres lo ocuparon, iniciando proyectos productivos relacionados con el sector agrícola.

Los nuevos ocupantes buscaban hacerse a la propiedad, aduciendo haber permanecido allí desde hace más de tres años, en total 14, pero la interrupción de la extinción del dominio que adelantaban las autoridades llevó a que la Policía emitiera la orden de desalojo.

Mutilaciones, asesinatos selectivos y amenazas lideradas por grupos paramilitares que operaban en la región originaron que en 2003 se produjera el desplazamiento masivo de las 123 familias que, meses después, retornaron para exigir la titulación de los predios por posesión. Fue entonces cuando inició el hoy interrumpido proceso de extinción por parte del Incoder, cuyas funciones en ese entonces fueron asumidas por la desaparecida Unidad Nacional de Tierras Rurales, Unat.

Procedimientos inconclusos sucitados en medio del proceso jurídico, como la falta de una firma, llevaron a sus supensión, lo que posteriormente derivó en la emisión de la orden de desalojo por parte de las autoridades del municipio.

Los afectados acudieron entonces a una acción de tutela que fue negada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, pero cuyo sentido desfavorable fue revocado por la Corte Constitucional, que ordenó al Incoder continuar impulsando la reasignación de la propiedad.