Corte limita incorporación masiva de funcionarios en Fiscalía

Determinó que los cargos en propiedad sólo serán ocupados en las vacantes que no existían.

La Corte Constitucional limitó la incorporación masiva de funcionarios a la Fiscalía General de la Nación ordenada en sucesivas sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema, tras determinar que los ganadores del concurso deberán ocupar los cargos ya existentes y los restantes sólo podrán hacerlo en condición de provisionalidad.

La Fiscalía se había visto obligada a incorporar a más de 2.500 concursantes que empezaron a ocupar la lista de elegibles en pocos meses, luego de más de dos años de efectuado el proceso, sin que los participantes hubieran sido nombrados en los cargos para los cuales fueron seleccionados.

El número de quienes obtuvieron su colocación en la lista de elegibles era superior al número de vacantes, y de ahí la dificultad del ente acusador para cumplir con lo dispuesto en estas determinaciones.

En dos y hasta tres meses la Fiscalía se vio en la obligación de incorporar precipitadamente a los ganadores del concurso de 2007, mientras la Corte Constitucional revisaba el fallo de la Corte Suprema, que también se dio en la misma vía que el producido por el Consejo de Estado.

Muchos funcionarios nombrados en provisionalidad, a cargo de procedentes tareas dentro de las investigaciones se vieron forzados a dejar sus cargos a los entrantes, generando numerosas dificultades en algunos procesos que fueron reconocidas por el entonces jefe del ente acusador, Guillermo Mendoza Diago.

Finalmente, la Corte Constitucionalidad ratificó que la Fiscalía ya tenía un compromiso adquirido con los concursantes, luego debía mantenerlos incorporados a sus filas, pero únicamente en las vacantes para las cuales fue convocado el concurso.

Sin embargo, dice, también existía un compromiso adquirido con quienes obtuvieron las más altas evaluaciones en el proceso, por cuanto también deben mantener ocupando plazas en el ente acusador, pero en calidad de provisionales y no en propiedad. Para ello, dice, debe tener en cuenta con mayor prioridad a quienes padecen condiciones de discapacidad o sufren calamidades que limiten su acceso a un mínimo vital.

Finalmente, el alto tribunal ordenó la realización de un nuevo concurso dentro de seis meses, corrigiendo  las equivocaciones que se dieron en el marco del proceso efectuado hace cuatro años.

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