Corte ordena reglamentar vigilancia a los clubes de fútbol

Al resolver devolver los derechos deportivos al jugador Christian Mejía Martínez de parte del Tolima, encontró que la falta de control se debe a la ausencia de normas.

Que se cree una reglamentación para ejercer vigilancia sobre los clubes de futbol profesional y aficionado por parte de Coldeportes, ordenó la Corte Constitucional, tras ordenar al Deportes Tolima devolver los derechos deportivos del jugador Crhristian Mejía Martínez, en pugna jurídica por su pase desde hace tres años.

Según una sala de revisión del alto tribunal, la confusión originada entre la Colfútbol, la Dimayor, el Deportes Tolima y el mismo Coldeportes para resolver la situación del futbolista, que juega en el extranjero desde hace varios años, se había producido por la ausencia de una directiva que señale claramente cuáles son las competencias de esta autoridad del Ejecutivo frente al tema.

“(…) La Sala echa de menos la existencia de una directiva que establezca unos procedimientos más estrictos para efectuar la función de inspección, vigilancia y control respecto de los clubes deportivos, cuando se encuentran involucrados menores de edad. Por ende, la Corte exhortará a Coldeprotes para que reglamente la materia dentro del marco de la Constitución y la Ley, labor que deberá ser consensuada con la Procuraduría Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia”, dice la sentencia.

Para el alto tribunal, la normativa expedida por el organismo hasta ahora no van en consonancia de la defensa de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, y de ahí la vulnerabilidad en la que a su juicio podrían estar sumidos los jugadores amateurs.

El futbolista terminó el contrato con el Deportes Tolima el 7 de mayo de 2009 y fracasó en su empeño de hacerse a sus derechos deportivos, buscando vía libre para mudarse a Rumania, donde esperaba firmar contrato con el Timisoara. Martínez logró incorporarse al plantel europeo, gracias a una autorización provisional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Fifa, pero se vio obligado a acudir a la justicia, para recuperar su pase.

El Tolima indicaba que no había lugar a la devolución de los derechos del atleta, toda vez que era él quien había incumplido el convenio contractual, que inició cuando aún era menor de edad. El deportista, que hoy milita en el Danubio de Montevideo, Uruguay, alegaba que la autorización especial expedida por Coldeportes se produjo sin la previa autorización que debía expedir el Ministerio de la Protección Social, teniendo en cuenta su condición de menor.

El accionante acudió entonces al Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué, que negó las pretensiones invocadas en la solicitud de tutela, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la capital tolimense. El jugador alegaba que el contrato tenía un origen irregular, en tanto que la institución deportiva se basaba en el aval expedido por Coldeportes para vincular al futbolista a una plantilla profesional.

La Corte sostuvo que el Ministerio desconocía las relaciones contractuales surgidas entre el demandante y el club deportivo, aún cuando determinó que Coldeportes era el organismo encargado de ejercer el control en este sentido, aún cuando no existiera una directiva legal que señalara las condiciones en las cuales se debía dar esta labor.

Teniendo en cuenta el vacío normativo, la Sala dio cuenta de la necesidad de crear una directiva clara en esta materia y compulsó copias a la Procuraduría para que investigue la presunta responsabilidad disciplinaria del funcionario que puso en regla los derechos deportivos del accionante, con miras a su adquisición por parte del Deportes Tolima.

Así las cosas, el futbolista deberá recuperar su pase, en tanto que Coldeportes, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia, deberá revisar detalladamente los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y la Colfútbol, a fin de concretar una directiva específica de los procedimientos.