Corte tumba 7 decretos de segunda emergencia social

La corporación determinó que los efectos de desaprobación entrarán en vigencia inmediatamente y no dentro de varios meses, como lo solicitaba el gobierno.

Sin modulación ni diferimiento alguno, la Corte Constitucional tumbó 7 de los decretos dictados en el marco de la segunda Emergencia Social, a través de la cual el gobierno buscaba mitigar el impacto de la ola invernal.

De esta manera, la corporación determinó que a partir de la fecha deberán desaparecer del ordenamiento jurídico las medidas a las que recurrió el ejecutivo mediante la prórroga del estado de excepción.

Con esta determinación, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los decretos 130, que buscaba proveer empleos transitorios a los más afectados por la crisis invernal, así como el 114 del mismo año, destinado a la reconstrucción de establecimientos institucionales y de servicio.

La misma suerte corrieron el decreto 129, subsidio excepcional para el suministro de servicios públicos domiciliarios, el 143, modificatorio de los mecanismos de expropiación administrativa dictados en la primera emergencia y el 142, que proveía el aseguramiento de riesgo y las facultades de adaptación.

A su vez, perderá todo efecto el decreto 126, que determinaba el dictamen de riesgo y seguros agropecuarios; y el 128 que impartía medidas tributarias, aduaneras y cambiarias.

En la misma sala celebrada este miércoles, la Corte declaro como disposición acorde a la constitución el decreto 4819 de 2010, que ponía sobre la mesa los parámetros del fondo de adaptación, como el mecanismo expedito para que las autoridades convocaras los contratos requeridos para la reconstrucción y adecuación de la infraestructura más golpeada durante la ola invernal.

La exequibilidad de esta disposición, sostuvo el alto tribunal, quedará supeditada a que entes encargados de hacer las concesiones no prolonguen la posibilidad de efectuar esta actuación más allá del 2014 y que los concursantes a hacerse a cada uno de los contratos, sean particulares o púbicos, tengan como razón social la ejecución de las obras necesarias para recuperar la infraestructura afectada; es decir, que se trate de proponentes especializados en la materia.