Cuarta implicada en caso DIAN acepta cargos

La madre de la supuesta gestora del fraude también se retractó y se declaró culplable de los hechos.

Ya son cuatro los implicados en el billonario fraude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, que se declaran culpables por estos hechos; María Delia Segura de Becerra, madre de la supuesta gestora del sistemático robo, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía ante el juez 14 Penal con Funciones de Control de Garantías.

Como ya lo hizo su propia hija Jasmín Becerra, el escolta de esta última, y como se presume ocurrirá también con el esposo, se retractó de su versión inicial y aceptó haber incurrido en estas actuaciones, que terminaron generando un multimillonario defraude en el organismo tribuntario.

La indiciada deberá esperar que se le dicte condena por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en tanto que su hija Jasmín reconocipo ser responsable de los mismos punibles, además de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, exportaciones ficticias y cohecho.

Según su defensa, está abierta aún la posibilidad de que Becerra se convierta en el testigo estrella de la Fiscalía de crara al esclarecimiento del sistemático y voluminoso robo al organismo tributario.

El acogimiento a la figura de la sentencia anticipada por parte de la indiciada se suma a la postura que en similar sentido asumió Sandra Liliana Rojas, excontadora y revisora fiscal de una de as empresas fachada utilizada en el fraude, y José Norbey Garzón, escolta de la supuesta gestora del sistemático desangre al erario , luego de que éste aceptara dos de los seis delitos que se le endilgan. 

La persona a la que protegía el escolta era la representante legal de la firma Continental de Chatarra, una empresa aparentemente de papel que al parecer simulaba exportaciones hacia Venezuela, con el fin de cobrar retenciones por pago de impuestos que realmente no estaban causados, pues la transacción nunca se había producido.

Bajo esta modalidad, admitió el propio Gobierno, se produjo el cobro irregular de más de un billón de pesos; la Fiscalía espera imputar cargos a 13 personas más por estos mismos seis delitos y enviarlos a prisión.

 

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