Déficit en salud es de $1,5 billones, pero no hay crisis

Minprotección Social se comprometió a desembolsar $2 billones este año para el sector. La actualización del POS estará lista en diciembre.

“Lo que estamos viviendo (en el sector de la salud) no es una crisis, es una coyuntura por un problema de liquidez”. Con estas palabras el ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, intervino en la audiencia pública que la Corte Constitucional había citado  ayer para que el gobierno y las autoridades rindieran cuentas sobre el sistema. El ministro anunció una inyección presupuestal de un billón de pesos para el saneamiento de la cartera y un billón de pesos más para la adecuación y renovación de la red pública.

Mientras sus palabras retumbaban en un auditorio del edificio de la Corte, a las afueras un grupo de estudiantes y pacientes promovía el lanzamiento de una   “octava papeleta”  para eliminar las EPS e impulsar  la salud pública. Con pancartas y consignas rechazaban los actos de corrupción y de desorden administrativo que llevaron a lo que ellos llaman abiertamente “la crisis de la salud”. A esta idea se sumó el senador Jorge Robledo, quien en su exposición durante las horas de la tarde propuso también una reforma estructural que incluya la supresión de las EPS, pero que conserve la participación de las empresas privadas como Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), a través de hospitales, clínicas, laboratorios.

La de Santa María fue la primera intervención de la mañana. Frente al estrado, un cronómetro marcaba los 25 minutos que él y los otros citados e invitados tendrían para exponer sus argumentos. 25 minutos que le sirvieron al ministro para reiterar que el 1° de diciembre —como lo manda la recién aprobada Ley 1438— ya estará actualizado el Plan Obligatorio de Salud (POS), y que al terminar el año los planes de beneficios para el régimen contributivo y subsidiado estarán unificados en  60% (actualmente ese porcentaje llega a 43%).

 Esperanza Giraldo, representante de la Comisión de Regulación en Salud (CRES), explicó  que la meta del Gobierno es que a finales de octubre ya esté listo el documento del POS actualizado para que sea discutido y socializado, y que el 1° de diciembre se entregue el documento final. Según Giraldo, la metodología utilizada para este procedimiento cuenta con la asesoría de la Universidad Nacional de Colombia, e incluirá un listado de los servicios y medicamentos  que no podrán ser recobrados.

“La actualización del plan de beneficios es la madre de todos los problemas”, aseguró Santa María, y explicó que el crecimiento desmedido de los recobros por parte de las EPS al gobierno (a través del Fosyga) se debe principalmente a la falta de claridad y modernización del Plan Obligatorio de Salud. Y enunció las cifras que reflejan esta problemática: mientras en 2003 los recobros sumaban sólo $400 mil millones, el año pasado llegaron a $2,5 billones. Luego de que las autoridades revelaran la existencia de un “carrusel de la salud” que estaba desangrando las finanzas del sector, se estableció que una parte importante de estos recobros se habían hecho con documentación falsa.

Santa María destacó que ya se están tomando acciones para detener esta práctica, entre ellas endurecer el control de precios de medicamentos; incluso aseguró que ya se están viendo los resultados: “Es la primera vez en los últimos años que el valor de los recobros está disminuyendo (al pasar de  un promedio de $220 mil millones al mes a $170 mil millones)”. Con este ritmo se espera que al finalizar el año el total de los recobros no supere los $750 mil millones.

El segundo en subir al estrado fue el viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master. Explicó que el real déficit de la salud es de $1,5 billones, y que si no se logra cerrar esa brecha —que es lo que está buscando hacer actualmente el Gobierno a través de las medidas establecidas en Ley 1438—,   ese déficit podría llegar a $3,3 billones para 2015. Habló también del trabajo que se está realizando para establecer los valores máximos de los recobros, para controlar la evasión y elusión de impuestos territoriales (al licor, cigarrillos y juegos de azar, que son los que subsidian la salud), y de la fiscalización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la cuota que deben pagar los usuarios del régimen contributivo.

Estuvo también presente en la audiencia el superintendente nacional de salud, Conrado Adolfo Gómez Vélez, quien hizo especial énfasis en que el diseño actual del sistema deja espacio a la corrupción. “El giro directo de recursos podría mejorar sustancialmente el flujo de los dineros”, aseguró, y recordó además que la Ley 1438 plantea esta propuesta, y que incluso en los municipios de menos de 100 mil habitantes ya se está llevando a cabo esta metodología.

En las horas de la tarde habló el procurador  Alejandro Ordóñez para criticar la afirmación que había hecho el ministro Santa María, quien aseguró que en Colombia la cobertura del salud llegaba a 96%. “Que haya cobertura no significa que haya acceso”, dijo y se refirió además a la falta de vigilancia y control que existía en el sistema.

 

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