De doctrina y doble instancia

Propuesta de crear un tribunal de garantías constitucionales no gustó a las altas cortes.

Ante la falta de consenso frente a la propuesta del Gobierno, las altas cortes llevarán al Congreso su propio proyecto de reforma a la justicia. Según conoció El Espectador, aunque existe acuerdo en la mayoría de los puntos, no es así con los que son considerados la columna vertebral del proyecto: tutela contra sentencias, funciones jurisdiccionales a más personas, fuerza vinculante e irretroactividad de la jurisprudencia, eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, autonomía presupuestal de la Rama Judicial, requisitos e inhabilidades para magistrados, doble instancia en el juicio a congresistas y eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En definitiva, será el Legislativo el que diga la última palabra y es innegable que en ese escenario, más allá de las discusiones técnicas, entran en juego intereses políticos. Y desde ahora aparecen en el panorama dos temas fundamentales para los mismos congresistas: la fuerza vinculante e irretroactividad de la jurisprudencia y la doble instancia. En el primero, lo que se busca es garantizar seguridad jurídica estableciendo que los cambios jurisprudenciales sólo podrán tener efecto hacia el futuro, así como los cambios en la propia doctrina administrativa.

El Gobierno cree que las altas cortes son los superiores jerárquicos y las únicas que pueden dictar doctrina o cambiar la jurisprudencia, cerrando el paso a los vaivenes que implican las múltiples interpretaciones que hacen los jueces. Precisamente, una de las quejas de los congresistas —que salió a relucir durante la reunión de la Comisión Interinstitucional de la Reforma, realizada entre lunes y martes pasados— es que se hacen elegir con unas reglas que el Consejo de Estado muchas veces cambia en el camino.

Es el caso, por ejemplo, de lo sucedido con el representante Ricardo Valencia, quien perdió la investidura porque según el alto tribunal no podía aspirar a ser congresista porque para el momento de las elecciones su esposa, Luz Betancurt, era alcaldesa de Dosquebradas, Risaralda. Valencia ha alegado que antes de postularse consultó al Consejo Nacional Electoral, que le dijo que existía vasta jurisprudencia en casos similares, en los cuales se había fallado a favor de los demandados.

Pero el Consejo de Estado falló en su contra y el ahora excongresista advierte que esa decisión se basó en sentencias que no eran aplicables a su caso e introdujo un cambio de jurisprudencia sin cumplir los requisitos legales. El meollo del asunto es que en la actualidad hay 18 legisladores que en el momento de los comicios, el año pasado, tenían algún parentesco con algún alcalde en ejercicio y corren el riesgo de perder su curul.

En cuanto a la doble instancia y el juzgamiento de altos funcionarios del Estado, la propuesta más audaz puesta sobre la mesa corrió por cuenta de Eduardo Montealegre, exviceprocurador y miembro de la Comisión para la Reforma, que plantea pasar a todos los aforados al sistema penal acusatorio, de tal manera que sea la Fiscalía la que investigue y acuse, la primera instancia la haga la Corte Suprema y la segunda los presidentes de las altas cortes. Pero, al mismo tiempo, propone crear un tribunal de garantías constitucionales que se encargaría de analizar la conveniencia de que el Congreso adelante un juicio, dado el caso, a un presidente, un expresidente o un fiscal general.

Esa idea no cayó bien en la reunión e inmediatamente se plantearon múltiples preguntas: ¿Quién integraría dicho tribunal? ¿Quién y cómo se elige? ¿Quién lo vigila? La Corte Suprema propone, en cambio, que haya seis nuevos magistrados que no hagan parte de la Sala Plena, de los cuales tres investigan y tres hacen la primera instancia. La Sala Plena sería la segunda instancia, pero para los congresistas, si todo el proceso se hace dentro de un mismo cuerpo, no existe esa segunda instancia.

Y sobre la Comisión de Acusación de la Cámara, Gobierno, altas cortes y parlamentarios creen que hay que acabarla y cortar de tajo con la función que hoy tiene el Congreso de hacer la instrucción de los procesos. Aquí se plantea crear un comité de auxiliares, conformado por personas con calidades de magistrados, que se encargue de la investigación y también le recomienden o no a la plenaria de la Cámara acusar ante el Senado. Y las cortes sí que miran con recelo este tipo de iniciativas.