Defensoría militar niega dilaciones en juicios a militares

Pidió a la Fiscalía que puntualice la denuncia que hizo ante el Consejo Superior de la Judicatura al respecto.

La Nueva Defensoría Militar, Demil, pidió a la fiscal General Viviane Morales que puntualice con nombres fechas y demás datos relevantes “los graves y generalizados señalamientos” que hizo frente a las presuntas maniobras de dilación de los procesos que involucran a militares en falsos positivos.

La generalización frente a la “presuntas” maniobras de dilación, ve perjudicado el buen nombre de una institución privada creada para defender a los soldados de la patria en un contexto que diariamente se antoja más hostil frente a sus derechos y garantías procesales”, señaló la entidad en un comunicado.

Demil calificó la denuncia de la Fiscal Morales como una generalidad que le hace daño a esta fundación de carácter privado que se dedica a la defensa de militares procesados por diferentes delitos.

La fiscal denunció dilaciones injustificadas en varios procesos judiciales contra militares, en una carta dirigida al Consejo Superior de la Judicatura.
En esa carta, Morales alerta de que "miembros de la fuerza pública vinculados a procesos penales acuden al cambio reiterado y sistemático de defensores para dilatar el procedimiento".

Luego precisa que esa práctica "se ha convertido en costumbre en los procesos en los que interviene la Defensoría Pública Militar (Demil)", lo cual "ha venido entorpeciendo y dilatando" los juicios sobre los casos conocidos como "falsos positivos".

La fiscal se refiere específicamente en la carta al llamado "caso Soacha", que investiga la desaparición y posterior asesinato de unos 20 jóvenes de esa localidad aledaña a Bogotá que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

"En este caso no solamente no se ha podido llevar a cabo la audiencia preparatoria, sino que los militares implicados adquirieron su libertad por causa de dilaciones que a la fecha no han permitido iniciar el juicio oral", subraya Morales.

Esas dilaciones consisten "en el cambio sistemático y reiterado de defensores en el curso de las audiencias, justamente al inicio de las mismas, para evitar su realización", indica.

Según la fiscal, lo mismo está sucediendo en el caso del subteniente Raúl Muñoz Linares, acusado de la violación de una niña y del asesinato de ésta junto a sus dos hermanos, también menores, en octubre del año pasado en un paraje rural de Tame, departamento del Arauca.

"El procesado ha designado siete abogados defensores diferentes en distintas oportunidades procesales, lo cual ha conllevado que los jueces de conocimiento decreten varios aplazamientos", señala la carta enviada al Consejo Superior de la Judicatura.

Por todo ello, Morales solicita a ese órgano que, "dentro del ámbito de sus competencias, tome las medidas que sean necesarias y suficientes para instruir a los jueces penales del país acerca de la importancia de imprimir celeridad a los procesos que se adelantan por violación de derechos humanos y al derecho internacional humanitario".

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