Desconfianza con Chávez

En una reunión que sostuvo con el almirante de Estados Unidos Michael Mullen, el expresidente Uribe aclaró sus preocupaciones ante un supuesto proyecto del presidente de Venezuela para afectar la democracia colombiana.

El 17 de enero de 2008, después de que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidiera en el Congreso de su país el retiro de las guerrillas colombianas Farc y Eln de las listas de grupos terroristas, el entonces presidente Álvaro Uribe sostuvo una entrevista con el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, almirante Michael Mullen, en la cual discutieron cómo confrontar esa propuesta sin herir la democracia colombiana. Los términos de ese diálogo quedaron resumidos en un cable enviado a Washington por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

El informe comenzó resaltando el agradecimiento de Uribe al gobierno de Estados Unidos por su continuo apoyo a Colombia, admitiendo que parte del éxito militar contra de terrorismo en 2007 se debía a la asistencia de las Fuerzas Armadas del gobierno americano. Además, insistió en que aunque quedaba mucho por hacer, tenía la certeza de que podía ganar la batalla. El almirante Mullen respondió reiterando que los dos países seguirían trabajando para combatir adversarios comunes y exaltó la decisión del Ejército colombiano de devolver el país a sus ciudadanos.

Más adelante, Uribe exteriorizó sus opiniones sobre Venezuela, bajo la convicción de que se estaban causando dificultades a la democracia colombiana. Por eso insistió en la conveniencia de mantener la designación de terroristas para las Farc y el Eln y propuso que tuviera consecuencias negativas para el país que no lo considerara. Además, destacó la importancia de retar la retórica de Chávez, recordando que cuando Francia y México otorgaron estatus de beligerancia al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, en 1981, esta organización peleaba contra una dictadura, mientras que las Farc lo hacían contra una democracia elegida.

Seguidamente, y después de que Mullen preguntara a Uribe sobre qué tanta ayuda brindaba Chávez a las Farc, éste aseguró que el mandatario venezolano tenía un plan, de cinco a siete años, para promover su agenda bolivariana en Colombia. También sostuvo que Chávez había creado una milicia popular en Venezuela —figura aparte de las Fuerzas Armadas— para sostener la revolución en su país y que pretendía usar la milicia de las Farc en Colombia para acabar con la democracia. La mejor receta en contra del presidente venezolano, insistió Uribe, era la acción, incluyendo el ataque militar.

En el informe también quedó retratada la insistencia del presidente Uribe para que Estados Unidos trabajara activamente con Colombia para convencer a los países latinoamericanos de que la propuesta de Chávez era errada y sólo contribuía a herir la democracia regional. Incluso, Uribe instó al gobierno de Estados Unidos a liderar una campaña pública contra Venezuela, atacando a Hugo Chávez por medio de la crítica a sus ofertas de petróleo preferencial. Uribe consideró que Estados Unidos y México, apoyados por Honduras, Panamá y Costa Rica, podían ser líderes importantes para contrariar la opinión de Chávez y recordó que hasta el gobierno de Cuba había manifestado que su propuesta para las Farc era “una insinuación difícil”.

El entonces presidente Uribe mencionó en la reunión que percibía lealtades encontradas entre los países de América Latina y recalcó que sólo Nicaragua había apoyado de lleno la propuesta de Hugo Chávez. Sin embargo, agregó que en ese momento Argentina era un país difícil de manejar porque Venezuela había comprado bonos argentinos y había realizado contribuciones a la campaña presidencial; que aunque Paraguay se mantuviera incierto, su principal candidato presidencial apoyaba a Chávez; que Brasil prefería mantenerse neutral a pesar de su tono amigable con Colombia; y que Chile y Uruguay eran aliados de la causa.

Más tarde, dándole un nuevo vuelco a la conversación, Uribe hizo una lista de los secuestrados que fueron rescatados en 2007 y manifestó que liberar a los plagiados era uno de sus principales objetivos para el nuevo año. Asimismo, esbozó un plan para establecer un “cordón humanitario” alrededor de las áreas donde los secuestrados se mantenían plagiados, a fin de abrir discusiones con la comunidad internacional, especialmente con la Cruz Roja, para que fueran acordadas posibles misiones médicas que condujeran a negociaciones para la liberación de los plagiados. El plan, agregó Álvaro Uribe, tenía como propósito enfocarse en la liberación de 44 secuestrados de las Farc que se encontraban en una lista de canjeables.

Mullen respondió al mandatario colombiano que podía contar con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos para la puesta en marcha de dicho plan, pero advirtió que quería que los secuestrados fueran devueltos con vida. Uribe ripostó manifestando que estaba convencido de que las Farc no iban a matar a los secuestrados en mitad de un rescate y que el mejor curso de acción era localizar a los secuestrados, asegurar su posición y después llamar a la Cruz Roja para negociar su libertad inmediata.

El entonces presidente Uribe cerró la conversación con el almirante Michael Mullen estableciendo que su gobierno también tenía como prioridad atacar a objetivos militares de alto valor y que este propósito se había cumplido durante el año anterior. Sin embargo, soltó un último comentario en contra del gobierno del vecino país, dejando sentir que incluso estaba preparado para autorizar a las Fuerzas Armadas colombianas a que cruzaran la frontera con Venezuela para arrestar a los líderes de las Farc y traerlos a pagar sus cuentas con la justicia colombiana.

Los planes del entonces presidente Uribe para neutralizar a su homólogo de Venezuela Hugo Chávez no prosperaron, pero apenas dos meses después del cable se produjo la operación militar en Ecuador donde fue dado de baja el denominado canciller de las Farc, alias Raúl Reyes, y el 2 de julio del mismo año se produjo la ‘Operación Jaque’, que permitió la liberación de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, de tres contratistas norteamericanos que permanecían secuestrados y de once uniformados del Ejército y la Policía.

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